Por Jorge Arboleda

El horrible caso de desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa de 2014 ha sido un parteaguas en la lucha de la izquierda en México y desde que sucedieron los hechos, la exigencia de la presentación con vida y justicia sigue siendo un clamor constante al cual se ha tenido que enfrentar el Estado mexicano desde el sexenio anterior hasta el actual.

A 8 años de lo sucedido el Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa se ha tenido que enfrentar a muchas negativas por parte de las autoridades, tanto de los que construyeron la famosa “Verdad Histórica” como al actual gobierno, el cual ha buscado dar carpetazo al asunto y maniobrar entre el ejército, las autoridades implicadas, el Comité de Madres y Padres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que los acompañan y la opinión pública. Lo sucedido en los últimos meses ha dejado ver que el gobierno de la 4T busca proteger a ciertos grupos de poder y con ello limitar la justicia en lo que se refiere al caso Ayotzinapa.

El 18 de agosto el presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas, leyó en conferencia de prensa un informe detallado con una serie de eventos que narrarían lo sucedido en la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, desmintiendo la versión oficial de la PGR de Enrique Peña Nieto, de Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón, y que se acercaría más a lo que narran periodistas de investigación como Anabel Hernández. [1] En este informe destacan dos sucesos que no se habían dado a conocer hasta entonces: 1) que el ejército infiltró a la Normal con un elemento, el cual se identificó como Julio César López Patolzin y quien era uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y ii) que el destino último de nuestros compañeros fue una brutal muerte a manos de grupos del crimen organizado y militares en coordinación. Esta última información habría sido obtenida con un análisis de conversaciones telefónicas que se obtuvieron con ayuda de las compañías de telecomunicaciones.

Lo que se dio a conocer en dicho informe dio la apariencia de resolver el caso en su totalidad, pero aclarando que aún faltan personajes por que enfrenten la justicia, incluyendo a varios militares y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque excluye a personajes como el exsecretario de la defensa Salvador Cienfuegos, quien era investigado en EE.UU. por nexos con el crímen organizado y después fue protegido y exonerado por el gobierno de López Obrador. Esto, a pocos días de cumplirse el octavo aniversario, se entendió como un intento por calmar las protestas que cada año se realizan en varios puntos del país, especialmente en Guerrero y la Ciudad de México, en el marco del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. Sin embargo, existen aún muchas contradicciones en el caso, y sobre todo expresa una clara intención del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República (FGR) de proteger a individuos de la justicia; en concreto, a militares. Lo anterior es, porque después de que la FGR solicitó 83 órdenes de aprehensión a un juez, para investigar a las personas en cuestión, y de los que 33 eran militares, desistió de 21 de estas órdenes, de las cuales, algunos eran militares y otros eran funcionarios del Ministerio Público, de la Procuraduría y del poder judicial de Iguala en 2014, los cuales habían sido acusados por la misma FGR de delincuencia organizada. [2] Esta cancelación sucedió mientras el fiscal encargado de la Unidad Especializada para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA, dependiente de la FGR), Omar Gómez Trejo, se encontraba en Israel, negociando la extradición de Zerón. Durante este periodo en el que el titular de la UEILCA se encontraba ausente, también se llevó a cabo la detención del exprocurador Murillo Karam, quien fue detenido por exempleados suyos y cuyo proceso lo llevó a cabo personal de la FGR que desconocía sobre el caso. [3] Esto provocó que la sentencia de Murillo Karam se complicara, ya que, en la audiencia frente al juez, los fiscales que acusaban al exprocurador no pudieron explicar su caso. Aún con esto, se ha logrado que permanezca preso.

Otro absuelto del caso, a pesar de que aparece como uno de los principales implicados en el informe de Encinas, es el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien desde 2014 fue uno de los primeros señalados como responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas y del asesinato de los 3 compañeros que resultaron fallecidos por los sucesos de aquella noche. Abarca y su esposa, quien se ha comprobado que tiene nexos familiares con miembros de Guerreros Unidos y el cártel de los Beltrán Leyva, eran caciques de la zona con ayuda de figuras políticas y de su complicidad con narcotraficantes. Abarca sigue preso ya que enfrenta otro cargo por el homicidio de un activista en 2013.  En el informe aparecen capturas de pantalla de conversaciones telefónicas en donde Yazareth Abarca, la hija del exalcalde, da información sobre lo sucedido con los normalistas. Una vez que esto se dio a conocer, ella reclamó a Encinas de la supuesta falsedad de dicha conversación.

Además de esto, la FGR tomó la oficina de la UEILCA, mediante personal de Asuntos Internos ligado a la ex-SEIDO de Gualberto Ramírez (otro personaje implicado en el caso que está preso) y despojaron de la unidad a 13 policías ministeriales, lo cual orilló a Gómez Trejo a renunciar a la UEILCA, provocando que esta unidad quedase a cargo de un empleado de la SEGOB, Rosendo Gómez Piedra, quien desconoce el caso, lo que significa un enorme retraso en el camino por la verdad y justicia para los compañeros normalistas y sus padres.

Entre las contradicciones e irregularidades ya mencionadas también está que el informe de Encinas acusa al General José Rodríguez Pérez, jefe del Batallón No. 27, de haber sido autor intelectual del asesinato de por lo menos 6 normalistas, pero la FGR lo acusa de nexos con el narcotráfico en grado de atentados contra la salud, y no de homicidio múltiple como debería de ser, mientras que cuatro militares, cuya defensa está integrada por el exsubsecretario de defensa de esta administración, Alejandro Robledo Carretero, denunciaron penalmente a Encinas por supuestamente haber inventado las conversaciones telefónicas que los implican.

Dentro de los implicados de acuerdo a la FGR para la construcción de la “verdad histórica” está Omar García Harfuch, el actual Secretario de Seguridad de la CDMX, el cual ha negado muchas veces haber sido parte de un supuesto cónclave en la que autoridades se reunieron para tratar de ocultar los hechos, pero hay documentos ya que lo exhiben como parte de dicho cónclave. [4] Al respecto, el GIEI considera que hay contrastes entre los objetivos de dicho cónclave de acuerdo a la fiscalía y lo que ellos pudieron investigar, pero aseguran que dicha reunión sí ocurrió. Hasta ahora la postura de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha sido respaldar a García Harfuch.

Al respecto, el presidente se ha puesto de forma cínica del lado de los militares y la FGR de Gertz Manero, tratando siempre de maniobrar para quedar bien con el comité de madres y padres, pues él sabe que son quienes principalmente lo juzgan sobre el desempeño que tiene este caso, además de que es consciente de que somos muchos quienes los apoyamos. En palabras de Obrador “Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”, sin explicar qué tipo de presiones, pero para nosotros es claro. El gobierno busca cerrar el caso a como dé lugar, aunque no sea de manera satisfactoria, dando vueltas al asunto y maniobrando entre los conflictos internos, con tal de que el ejército no resulte expuesto.

Sin embargo, las madres y padres, así como el GIEI y los que nos asumimos compañeros de los normalistas desaparecidos no somos tontos, y a estas alturas ni siquiera los simpatizantes del obradorismo pueden seguir defendiendo la postura del actual gobierno. Los datos que se están filtrando por el hackeo a la SEDENA revelan cada vez más la complicidad del gobierno, los militares y empresarios con el narcotráfico. La justicia para nuestros compañeros y sus familias no podrá venir del mismo Estado que llevó a cabo su desaparición forzada, ni tampoco para las y los miles de asesinados y desaparecidos por los grupos criminales que son protegidos por el propio Estado. La justicia solamente podrá alcanzarse por la mano del pueblo con organización y movilización, y para ello es necesario romper con los vínculos que existen entre las instituciones del régimen (incluyendo a las fuerzas armadas) con el crimen organizado, lo cual solamente se podrá conseguir derrocando al régimen burgués, y estableciendo un gobierno obrero popular.

¡No más encubrimiento al ejército!

¡Justicia para Ayotzinapa!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

[1] Véase el libro de Anabel Hernández: “La Verdadera Noche de Iguala”, y el documental de Ojos de Perro “Mirar morir”.

[2] Véase Gloria Leticia Díaz: Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares del caso Ayotzinapa, en Revista Proceso 24 de septiembre de 2022, https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/9/24/una-sucia-maniobra-de-la-fgr-que-exonera-los-militares-del-caso-ayotzinapa-293932.html

[3] Véase en Crónica: Juez reprende a fiscales por desconocimiento sobre carpeta del caso Murillo Karam, 20 de agosto de 2022, https://www.cronica.com.mx/nacional/juez-reprende-fiscales-desconocimiento-sobre-carpeta-caso-murillo-karam.html[4] Ver en: Anabel Hernández: Omar García Harfuch en los crímenes de la noche de Iguala – Parte I, 22 de agosto de 2022, https://www.dw.com/es/omar-garc%C3%ADa-harfuch-en-los-cr%C3%ADmenes-de-la-noche-de-iguala-parte-i/a-62890024 y Parte II,  25 de agosto de 2022, https://www.dw.com/es/omar-garc%C3%ADa-harfuch-en-los-cr%C3%ADmenes-de-la-noche-de-iguala-parte-ii/a-62917348