Alexis Jovan

El resultado de las pasadas elecciones presidenciales fue la expresión contundente de que una gran parte de la población está harta por la manera como los partidos tradicionales han venido gobernando nuestro país. Ese rechazo, manifestado en las urnas, fue capitalizado por el partido MORENA porque se presentó como una opción diferente “apegada a las necesidades del pueblo”, generando cierta expectativa entre sectores que esperan ver mejoras en sus condiciones de vida y en la situación del país. Desde la Agrupación de Lucha Socialista, respetamos y reconocemos a los millones que votaron bajo la expectativa de un cambio, sin embargo, contrario a quienes confían en que el nuevo gobierno resolverá los grandes problemas de México, nosotros sostenemos que es necesario mantener la guardia en alto pues, desde antes de tomar posesión, la dirigencia de MORENA ha hecho una serie de actos y planteamientos que dejan ver lo que nos deparará el siguiente sexenio; basta con contrastar sus promesas de campaña con las recientes declaraciones y acciones de AMLO y su gabinete para mostrar las incongruencias y limitaciones del proyecto de gobierno que vendrá el próximo sexenio.

Lo primero a señalar es que AMLO ha venido virando su discurso y moderando su programa político. Cuando en 2006 compitió por primer vez como candidato a la presidencia, el acento de su propuesta política estaba centrado en la redistribución de la riqueza con el slogan “primero los pobres” y en la defensa de la soberanía nacional bajo el lema “Pemex para los mexicanos”. A partir de 2012 y, sobre todo, de las recientes elecciones de 2018, ese discurso ha cambiado así como las metas de su proyecto de gobierno, pues ahora el centro de su campaña estuvo enfocado en “acabar con la corrupción” y en la “reconciliación nacional”, si bien lo combinó con una serie de promesas para atraer la preferencia del electorado: cancelar las reformas estructurales aprobados en el sexenio de Peña, cancelar proyectos y concesiones como el Nuevo Aeropuerto Internacional, pacificar el país con una nueva estrategia de seguridad y atender las demandas del pueblo. Sin embargo, desde antes de resultar electo, comenzó a matizar y desdecirse de sus promesas bajo la presión de los grandes intereses político-empresariales.

En materia de justicia, primeramente había dicho que echaría fuera a la “mafia en el poder”; posteriormente, planteó que en su gobierno no habría “venganzas” e, incluso, prometió amnistía, la cual, empezó al perdonar a todos aquellos chapulines arrepentidos que saltaron a la barca de MORENA al hundirse los demás partidos del régimen; personajes que no están en las calderas subterráneas del barco sino que están abiertamente al mando del timón, ocupando puestos de dirección del partido y cargos importantes en el futuro gobierno. Frente a ello, llamamos a las bases, simpatizantes y votantes de MORENA a exigirle que rompa sus alianzas con la derecha y el empresariado, expulse de sus filas y encarcele a los corruptos así como otras figuras de la “mafia en el poder”; y, que no haya ninguna reconciliación ni amnistía a la clase político-empresarial que durante décadas nos ha saqueado y violentado; al contrario, debe encarcelar a funcionarios públicos, empresarios, mandos castrenses, líderes sindicales y demás personajes que hayan cometido actos criminales contra el pueblo, empezando por Peña Nieto ¡No debe haber más impunidad!

Asimismo, AMLO quiere hacer creer que el modelo de desarrollo que implementará su gobierno será distinto al actual basado en el despojo. Al respecto, una de las promesas de campaña fue el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés donde se suscribe el derecho de las comunidades a gestionar los recursos de sus territorios, sin embargo, AMLO ha dicho que su gobierno estará abierto a la inversión de las mineras canadienses (cuyas concesiones representan ya el 30% del territorio nacional); mientras que su jefe de gabinete, Alfonso Romo, al ser entrevistado sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE) dijo que no las cancelará y, al contrario, las ampliará como “polos de desarrollo” para convertir a México en un “paraíso de inversión” (siendo una de sus prioridades el corredor comercial en el Istmo de Tehuantepec, Oax.) lo cual se contrapone con las exigencias de los pueblos indígenas que han visto cómo las ZEE y otros megaproyectos “de desarrollo” lo único que hacen es despojarlos de sus territorios, contaminar la naturaleza, saquear los recursos naturales y sobreexplotar su mano de obra. Además, aunque AMLO dijo que escucharía y atendería a todos, “dando preferencia a los más humildes y olvidados; en especial, a los pueblos indígenas de México”, por otro lado, le cerró la puerta en su Casa de Transición a los pobladores de Atenco y otros pueblos de la cuenca de Texcoco que le exigieron cumplir con su promesa de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional (NAICM) y no ponerlo a consulta (como ahora plantea). Frente a ello, la voz general de los pueblos campesinos e indígenas debe ser: ¡Cancelación inmediata de las concesiones mineras, las ZEE, el NAICM y de todos los megaproyectos de despojo! ¡Cumplimiento cabal e inmediato de los Acuerdos de San Andrés!

Igualmente, otro de los temas controversiales ha sido lo que hará el nuevo gobierno respecto a las Reformas Estructurales. Por lo que respecta a la cuestión energética, la promesa primigenia era que se impediría la privatización de Pemex y se cancelaría la Reforma Energética, además de que bajaría el precio de la gasolina y no habría más gasolinazos. Pero, en su discurso del 1ro de julio planteó: “Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. […] es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes”. Es decir, que no habrá marcha atrás a la privatización de Pemex, pues no se cancelará ninguna concesión que “cumpla” con la ley -modificada a conveniencia por los corruptos que han sido los mayores beneficiarios de la Reforma Energética. Por su parte, Rocío Nahle, encargada por AMLO de la Secretaría de Energía, señaló que el precio de la gasolina “no aumentará en términos reales, sino sólo conforme a la inflación”; es decir, que el nuevo gobierno respetará la liberalización de precios, cuya cancelación fue una de las demandas de las protestas masivas contra el “Gasolinazo”. No basta con la revisión de contratos ni con la construcción de refinerías, pues los recursos energéticos abarcan mucho más que el petróleo, se requiere exigir la inmediata abrogación de la Reforma Energética, la cancelación de todas las licitaciones así como la nacionalización de los recursos del suelo y subsuelo (minerales, aguas, etc.) y  de las industrias hidroenergéticas bajo el control de los trabajadores.

Otra de las principales promesas de Obrador fue cancelar la Reforma Educativa; empero, durante el momento más álgido del movimiento magisterial de 2016, cuando la lucha de la CNTE junto a diversos sectores populares había puesto en la lona al régimen, AMLO salió en su defensa planteando que “Peña no debe caer” y que la Reforma no debía cancelarse sino solamente ser “modificada en sus aspectos negativos”. Ahora, tras ser electo presidente, su próximo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ha callado sobre los cientos de maestros que fueron cesados por negarse a la evaluación así como respecto a la privatización de la educación y, en contraparte, ha dicho que la Reforma Educativa no se cancelará sino que se someterá a consulta, conservándose la evaluación, cuya cancelación figuró como una de las principales demandas del magisterio. Por ello, el magisterio democrático y combativo debe exigir la inmediata y definitiva abrogación de la Reforma Educativa, incluyendo la Ley del Servicio Profesional Docente y la evaluación punitiva (vinculada a la permanencia laboral); igualmente, la basificación de todos los profesores recién contratados y la reinstalación inmediata de todos los profesores cesados, así como la sustitución del modelo educativo, basado en una concepción tecnificante y mercantil, por un nuevo modelo educativo construido con la participación de los profesores, estudiantes, padres de familia y especialistas en el tema, a partir de las particularidades de cada región y de las necesidades de desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

En cuanto a la Reforma Laboral, Obrador no plantea su abrogación e, incluso, su Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, se atrevió a decir que “hay outsourcing bueno y outsourcing malo”, cuando una de las principales demandas de los trabajadores ha sido ¡Fuera el outsourcing! Asimismo, AMLO ha planteado que respetará a los sindicatos, lo cual es positivo partiendo del tradicional injerencismo y control por parte del Estado hacia las organizaciones de los trabajadores, sin embargo, eso no debe significar ninguna impunidad respecto a los líderes sindicales corruptos que han usado sus posiciones para reprimir a los trabajadores y malversar las cuotas sindicales (como Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, quienes deben ser encarcelados). Por lo que respecta a la cuestión de los salarios, AMLO declaró que bajaría los sueldos de los altos funcionarios a la mitad (máximo $108,000) y subiría progresivamente el salario mínimo hasta alcanzar el doble al finalizar su sexenio ($171); si bien estas medidas son necesarias, son completamente insuficientes pues, por un lado, resulta insultante que un “servidor público” o “representante popular” llegue a ganar más de $100,000 cuando el salario promedio de un trabajador mexicano es de $6,000, lo cual, aún elevándolo al doble, no alcanzaría para cubrir las necesidades familiares si consideramos la subida normal de precios (el aumento de la inflación) y la profunda desigualdad de ingreso en México donde las familias ricas ganan 20 veces más que las pobres. Ante esta situación, las y los trabajadores debemos exigir que los funcionarios públicos no ganen más que un trabajador promedio; la completa abrogación de la Reforma Laboral; que desaparezca el outsourcing y toda forma de flexibilidad laboral; que se respete el derecho a huelga, libre sindicalización, contrato colectivo, prestaciones y seguridad social, y una elevación inmediata del salario mínimo a $300, que aumente conforme a la inflación; lo cual debe ir en paralelo a nuestra organización y lucha independiente por democratizar nuestros sindicatos.

Ahora bien, en materia de seguridad, Obrador había planteado originalmente que el Ejército debía regresar a sus cuarteles, y que se debía impulsar un abordaje social del tema debido a que la actual guerra contra el crimen organizado ha redundado en más violencia. No obstante, MORENA no se ha posicionado en favor de la abrogación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) la cual legaliza la permanencia del Ejército en labores de seguridad y para enfrentar situaciones de inestabilidad política; asimismo, su propuesta incluye el mantenimiento de las Fuerzas Armadas en las calles hasta que se conforme una Guardia Nacional constituida por marinos y militares, es decir, se mantendrá a los militares en las labores de seguridad pero bajo un nuevo nombre. En oposición a ello, debemos exigir la cancelación de la LSI; el fin a la guerra contra el narcotráfico y el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles; el castigo por la justicia civil a quienes hayan cometido actos de violación a los derechos humanos; la indemnización a la familias víctimas de violencia del Estado y el crimen organizado; la disolución de los cuerpos policiales represivos y una reestructuración democrática de las fuerzas armadas; la desmilitarización de las fronteras y el desconocimiento de los tratados en materia de seguridad con EUA, mientras que nosotros desde el pueblo, debemos impulsar la formación de milicias obreras y populares para encargarnos de nuestra seguridad.

Finalmente, en cuanto al “proyecto de nación” que busca AMLO, ha manejado un doble discurso; mientras a los ricos les garantizó que: “Habrá libertad empresarial […] se respetará la autonomía del Banco de México; el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal; se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros”; a los pobres les ofreció: “ampliar el apoyo a adultos mayores, becas para los estudiantes y apoyos a madres solteras”. Es decir, a los empresarios les pondrá sobre la mesa el pastel entero de la riqueza de nuestro país, y a los pobres simplemente les alimentará -con programas asistencialistas- de las migajas que dejen los ricos una vez que hayan devorado todo México. La misma receta aplicada por gobiernos neoliberales de permitir a los capitales nacionales y extranjeros saquear el país a manos llenas mientras al pueblo trabajador se le mantiene controlado clientelarmente con políticas de “apoyo social” que no resuelven la desigualdad social sino simplemente son paliativos que perpetúan la pobreza. La única manera para mejorar realmente las condiciones de vida de la población pasaría por impulsar un sistema hacendario progresivo que sí cobre impuestos a las grandes fortunas así como a las empresas monopólicas; expropiar a las corporaciones trasnacionales y desconocer los acuerdos comerciales que saquean al país; nacionalizar todas las industrias y recursos estratégicos; estatizar la banca, el comercio exterior y todos los servicios básicos; cancelar la deuda externa y redirigir todo ello a inversión productiva, la creación de empleos y de un sistema de seguridad social que garantice acceso, gratuito y de calidad, a educación, salud, vivienda y demás derechos sociales para toda la población.

Ninguna de estas medidas serán adoptadas por AMLO, pues representan un proyecto completamente contrario al modelo neoliberal que ha venido prevaleciendo en el país, y que MORENA dará continuidad bajo el aspecto de una atención populista a las necesidades sociales (mediante programas asistenciales) y de un supuesta legitimación democrática (por vía de las consultas). Con ambos mecanismos, el nuevo gobierno buscará mantener controlada y desmovilizada a la población así como desentenderse de la solución real a las demandas y problemáticas históricas del pueblo. Nosotros, como socialistas, sostenemos que un verdadero proyecto de transformación de México, solamente puede ser impulsado por un Gobierno de los Trabajadores del campo y la ciudad, construido desde la organización y la movilización independiente y unitaria de los obreros, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres y demás sectores  populares.

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