El pasado 18 de mayo, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” llevaron a cabo una jornada de manifestaciones en exigencia de que las autoridades educativas de Chiapas realizaran el examen de ingreso a la Normal en forma presencial y con cuadernillo debido a que las y los estudiantes que buscan ingresar pertenecen a comunidades indígenas y campesinas de zonas con escasos recursos, por lo que no cuentan con los elementos materiales para efectuar el examen de manera virtual.

La respuesta de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas por la alianza MORENA-PVEM, fue lanzar a la policía estatal contra las y los estudiantes que se encontraban realizando actividades de difusión y bloqueo en diversos puntos de la región. El saldo inicial fue de 95 detenidos (74 mujeres y 21 varones) entre estudiantes y pobladores de Chenalhó que se encontraban apoyando las acciones. Es claro el sesgo racista y de clase de esta agresión, en violación flagrante del derecho de acceso a la educación hacia las y los hijos de familias en comunidades marginadas

Gracias a las movilizaciones inmediatas que llevaron a cabo las familias de los detenidos y estudiantes de diversas escuelas normales del país así como organizaciones políticas y sociales a nivel nacional, se logró que fueran liberadas 74 normalistas mujeres y 2 jóvenes menores de edad, pero bajo medidas cautelares, obligados a firmar cada 15 días, en los juzgados ubicados a más de 80 kilómetros de la capital chiapaneca. La lucha debe seguir hasta que se les absuelva por completo y se lleven a cabo las investigaciones por las denuncias de maltrato físico y psicológico así como abuso sexual cometidos por la policía en contra de las compañeras.

Sin embargo, 17 normalistas varones así como 2 pobladores de Chenalhó han sido vinculados a proceso acusados de: “motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado y daños”, por un Juez de Chiapas, quien les otorgó prisión preventiva oficiosa por lo que tendrán que continuar su proceso retenidos en la cárcel “El Amate”, estableciéndose un plazo de 45 días de investigación para que el MP presente pruebas de acusación, hasta que la autoridad judicial determine su situación jurídica. No podemos permitir que nuestros compañeros estén ni un día más en prisión, su único delito es exigir una educación adecuada a su cultura y a sus necesidades; hay que elevar el nivel de las acciones para obligar al Estado a liberarlos.

A lo anterior, se suma el asesinato de Iris y Mónica, dos jóvenes estudiantes de la Escuela Normal “Carmen Serdán” en Teteles, Puebla, el jueves 20 de mayo, cuando junto a sus compañeras se encontraban realizando una manifestación en la caseta Cupiaxtla-Tlaxcala, como una acción de protesta en exigencia por la no reducción de la matrícula estudiantil y para que se garantice el mantenimiento de las instalaciones así como las becas alimenticias. 

En vez de dar solución a las demandas de las estudiantes, la respuesta del gobernador de Puebla por MORENA, Mario Barbosa, fue enviar a distintos cuerpos represivos (incluida la Guardia Nacional) a hostilizar y amenazar a las estudiantes, para finalmente presionar para hacer avanzar al conductor de un tractocamión, donde estaban subidas las normalistas, por lo que cayeron de la unidad varias estudiantes que resultaron heridas y dos fallecieron.

Debido a la brutalidad del actuar policial, distintos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos como Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se han pronunciado contra las agresiones policiales y por la investigación de las denuncias de violencia perpetradas contra las y los estudiantes; pero hasta el momento no ha sido detenido ni enjuiciado ningún policía, alto mando ni autoridad alguna por los hechos represivos ocurridos en Chiapas y Puebla.

Por el contrario, el gobernador de Puebla y el Presidente López Obrador criminalizaron a las y los normalistas aduciendo la existencia de intereses ajenos y culpando de la muerte de las estudiantes de Teteles a las autoridades y maestros de la Normal, por supuestos actos de coacción para realizar las manifestaciones y pedir dinero. Es decir, la respuesta del gobierno ante las demandas estudiantiles es la represión y criminalizar a las comunidades escolares de las Escuelas Normales Rurales, mientras deja intocadas a las autoridades culpables de la desatención y de la represión sistemáticas contra el normalismo.

Estos eventos no son casos aislados, sino que se enmarcan en una ofensiva general en contra de la educación pública y, en particular, hacia las Normales Rurales como alternativas educativas y de vida para las hijas y los hijos de los sectores campesinos e indígenas de México. En medio de los intentos del actual Gobierno de la 4T por reactivar la economía a toda costa y salir de la actual crisis económica, a través de reformas educativas, laborales y a la seguridad social así como mediante la imposición violenta de la construcción de Megaproyectos de infraestructura a lo largo y ancho del país, las Normales Rurales representan un estorbo para el Estado.

El Estado y los empresarios ven a las Normales únicamente como focos de resistencia que buscan acallar ya sea por medio del estrangulamiento presupuestario al que se les ha sometido desde hace décadas, sea mediante la agresión y hostigamiento permanente en que se han visto obligadas a sobrevivir sus comunidades escolares o a través de su cierre y reapertura, pero transformando por completo su modelo educativo original -centrado en la reflexión crítica y la orientación social- en pro de una formación técnica orientada a generar mano de obra barata para que las y los estudiantes, al egresar, se inserten en los servicios turísticos y ya no como maestras y maestros comprometidos con las necesidades y luchas de sus pueblos.

Así lo han expresado reiteradas veces diversos funcionarios y órganos de la Iniciativa Privada que han presionado por el cierre de las Escuelas Normales; particularmente en Chiapas, donde los presidentes de Canaco Servytur, Canacintra, Canirac y del Centro Empresarial, exigieron en octubre del año pasado la reubicación de la Normal de «Mactumactzá», porque afecta sus ganancias y «el correcto desarrollo de las actividades comerciales y sociales en la capital del estado». Y en esta ocasión no se han quedado atrás pues ante la represión ejercida contra las y los normalistas, el 18 de mayo, todo el sector empresarial emitió un desplegado respaldando al gobierno chiapaneco por su actuar.

Por ello, no es casualidad la creciente tendencia represiva en el estado de Chiapas, en donde desde 2015 se reformó el art. 375 del Código Penal estatal, sobre el delito de ataques a las vías de comunicación, para agravar las sanciones contra el bloqueo de carreteras y la toma de casetas; asimismo, se ha recrudecido el hostigamiento paramilitar contra comunidades indígenas en resistencia contra megaproyectos y hacia las bases zapatistas, lo que ya ha dejado un saldo de varios líderes sociales asesinados y cientos de pueblos desplazados. Lo anterior es reflejo de la criminalización de la protesta social que se viene agudizando a nivel nacional a través de leyes como la reciente reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, presentada por diputados del PAN y MORENA y aprobada por el Congreso en 2019, para elevar las sanciones contra quienes restrinjan “de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte”, a partir de lo cual AMLO lanzó su “Operativo Caseta Segura” con el que la Guardia Nacional “limpiará de manifestantes” las carreteras federales.

No podemos tolerar que se sigan elaborando y aprobando este tipo de leyes de carácter autoritario y represivo, cuyo objetivo principal es criminalizar la protesta social y acotar el derecho a la libre manifestación popular; debemos exigir la abrogación de estas leyes y fortalecer nuestra capacidad de organización, articulación y lucha, para hacerles frente. En ese sentido, reivindicamos las diversas formas de protesta y movilización que desde hace una semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y estudiantes de las diferentes escuelas normales así como organizaciones solidarias, hemos emprendido a lo largo del país en solidaridad con las y los normalistas de Mactumactzá y Teteles.

Igualmente, las acciones que maestros, normalistas y pobladores de diversas regiones de Chiapas ya han anunciado, con un plan de movilizaciones en el estado, anunciando que de no liberar a los estudiantes detenidos, no se permitirán las elecciones del 6 de junio en la entidad. Desde la Agrupación de Lucha Socialista hacemos un llamado seguir el ejemplo y coordinar acciones a nivel nacional, hasta que cese la represión hacia las Normales y el magisterio, se logre la liberación absoluta e incondicional de los estudiantes y pobladores de Chiapas detenidos, se esclarezca el asesinato de las dos normalistas de Teteles, y se destituya, enjuicie y encarcele a Rutilio Escandón y al resto de autoridades policiales y gubernamentales responsables de la represión.

De cara a las próximas elecciones intermedias a celebrarse el 6 de junio, es necesario levantar una gran jornada de movilizaciones hasta lograr la solución cabal a las demandas del normalismo rural: 

* Aumento del presupuesto y de la matrícula de las Escuelas Normales Rurales de todo el país

* Emisión de las convocatorias, entrega de fichas y realización de exámenes de ingreso de manera presencial, con todas las condiciones materiales y sanitarias garantizadas.

* Por la plaza automática y basificación como docentes a las y los estudiantes egresados de las escuelas normales

* Por planes de estudio y esquemas curriculares apegados a las necesidades e intereses de las comunidades indígenas y campesinas de sus regiones

* Por la reapertura de todas las Escuelas Normales Rurales que han sido cerradas y el rescate de su modelo educativo original con su sistema de internado, comedores y becas

* Por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los culpables de su desaparición