La tragedia ocurrida la noche del lunes 3 de mayo, donde más de 70 personas resultaron heridas y 25 han fallecido por el desplome de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) en el tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco, es resultado de la corrupción, impunidad y negligencia criminal por parte no solo del gobierno de la Ciudad de México sino del conjunto del Estado capitalista mexicano, en donde siempre los que acabamos poniendo los muertos somos la clase trabajadora y los sectores más precarizados de la población.

La línea 12, presentada como la obra insigne del sexenio de Marcelo Ebrard (2006-2012), implicó una inversión de 26 mil millones de pesos, siendo construida a marchas forzadas en solo 4 años, atendiendo a los tiempos políticos más que a los criterios de ingeniería y sustentabilidad social. En octubre de 2012 fue inaugurada con la participación de M. Ángel Mancera (sucesor de Ebrard), Felipe Calderón (entonces Presidente) y Carlos Slim, uno de los principales inversores (cuya empresa construyó justo la parte que se desplomó este lunes); sin embargo, desde su entrada en operaciones padeció de diversas fallas en los rieles, los convoyes y la infraestructura, lo que ocasionó la salida de circulación de varios trenes así como largas suspensiones de operaciones en diferentes años.

Inauguración Línea 12

Los responsables directos son el entonces jefe de gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, así como su Secretario de Finanzas, Mario Delgado, y Enrique Horcasitas, encargado de la obra, quienes impusieron por la fuerza la construcción de la “Línea Dorada” a pesar de la oposición de los pueblos de Tláhuac, quienes perdieron áreas de cultivos y de vivienda en sus comunidades. Tanto Ebrard como Mancera ya habían sido acusados de corrupción y desvío de recursos del presupuesto asignado a la operación del Metro, sin embargo, consiguieron amparos que congelaron las órdenes de detención en su contra, permitiendo a Ebrard escapar de México durante algún tiempo (yéndose a refugiar a Europa para evadir la justicia) y a Mancera salir de la escena pública, para evitar pisar la cárcel.

Pero una parte igual de responsabilidad recae en las subsecuentes autoridades locales de la capital, Miguel Ángel Mancera y la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como en Florencia Serranía, directora del STC (puesto que ya había ocupado en 2004-2006, durante la gestión de AMLO en el GDF), quienes mantuvieron en funcionamiento la Línea 12 a pesar que desde hace años hubo cientos de denuncias hechas por ciudadanos y expertos acerca de las irregularidades en la planeación y construcción así como sobre los fallos estructurales de la edificación en diversos tramos de la línea; no obstante a lo cual, durante las últimas administraciones no se implementaron más que “evaluaciones” y «arreglos» superficiales, poniendo en peligro la integridad de los usuarios. Por su parte, el dirigente charro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, es cómplice de la corrupción y opacidad con que por años se ha manejado la administración del Metro así como por la represión que ha ejercido contra las bases de trabajadores en su organización y lucha por sus derechos laborales, quienes también han exigido más recursos destinados al mantenimiento y reparaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

A pesar del incremento en el costo del boleto, el gobierno capitalino ha efectuado diversos recortes al presupuesto del Metro, a lo que se suma la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores (particularmente los de limpieza que se encuentran bajo las garras del outsourcing), el fraude en la compra de equipo e inversiones en infraestructura así como la privatización por vía de subcontratar servicios de mantenimiento y limpieza, lo que ha traído como consecuencia el deterioro progresivo en el funcionamiento del SCT, que ya ha ocasionado graves siniestros en los últimos años con un saldo de decenas de personas muertas y heridas, como los choques de trenes en Oceanía (2015) y en la estación Tacubaya (marzo de 2020) o el incendio en el Puesto de Control (enero de 2021) que dejó sin funcionamiento 6 líneas del sistema.

Asimismo, grandes empresas constructoras como Alstom México (filial del consorcio multinacional con sede en Francia), el Grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA,) del financiero regiomontano David Martínez, y Grupo Carso de Carlos Slim, son directamente responsables al ser las principales compañías constructoras involucradas en la edificación de la Línea 12; mismas que también tienen licitaciones para construir tramos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Tren México-Toluca y otros megaproyectos del actual gobierno de la 4T; todo lo cual, anuncia nuevos desastres en puerta, por la impunidad con que opera esta mafia criminal que ha sido consentida con opacas adjudicaciones directas o falsos concursos de licitación, donde priva el compadrazgo y el influyentismo (como la adjudicación directa hecha por el actual gobierno a Grupo Salinas, para gestionar los seguros por accidente del Metro).

De parte del Gobierno local y federal de MORENA, la respuesta ha sido omisa y hasta cínica, como las declaraciones del Subsecretario de Energía sobre un posible boicot con motivos políticos, a lo cual hizo eco AMLO en la mañanera. Asimismo, Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de AMLO, se puso a disposición de las autoridades diciendo que “el que nada debe nada teme”, pero Florencia Serranía, directora del Metro, descartó presentar su renuncia. Aunque Claudia Sheinbaum habló de un peritaje internacional para investigar el siniestro, sin embargo, hasta ahora, no ha sido removida ninguna autoridad para garantizar una investigación imparcial y efectiva de lo ocurrido, ni se ha hecho algo por reparar el daño a las víctimas y sus familias. 

Por su parte, los partidos de derecha han querido sacar raja política de la tragedia, acusando a las actuales autoridades de gobierno sin tocar a los grandes consorcios con los que en su administración también hicieron negocios turbios, siendo que esos mismos partidos del PRI, PAN y PRD han sido responsables de otras obras que también provocaron desastres. Por esa razón denunciamos el oportunismo de los partidos de oposición, que buscan capitalizar electoralmente este desastre, sin dejar de denunciar al gobierno de AMLO y MORENA, que pretenden deslindarse de su responsabilidad para evitar los costos políticos de su corrupción, en medio de las disputas electorales.

El colapso de la Línea 12 no es un caso aislado, sino que responde a un creciente abandono y negligencia en los servicios públicos por parte de las autoridades gubernamentales, así como a los lazos de corrupción e impunidad prevalecientes. Pero, a contrario del discurso del actual Presidente, quien dice estar acabando con la corrupción, la cuestión es que ésta es un fenómeno inherente al Capitalismo, como sistema que beneficia a una clase poseedora de funcionarios y empresarios (quienes no viajan en el transporte público), que solo buscan enriquecerse al menor costo posible a costa de la explotación y la vida de los trabajadores, quienes ponen son sacrificados por la avaricia y rapacidad de una oligarquía parasitaria de familias millonarias que han sido favorecidas en cada sexenio, incluyendo el actual.

El Estado nunca va a velar por la seguridad y vida de la clase trabajadora, la muestra de ello no son únicamente los miles de fallecimientos por la pandemia actual, sino millones de muertes diarias por hambre, enfermedades curables, violencia criminal, feminicidios, «accidentes» prevenibles, etc. No debemos seguir confiando en los partidos y las instituciones del régimen, que solo lucran con nuestras necesidades, haciendo mil promesas de campaña en busca de nuestro voto. La única solución a nuestros problemas como pueblo trabajador es con la organización y la lucha independientes para construir un Gobierno de los trabajadores.

En ese sentido, reivindicamos las acciones inmediatas de solidaridad que llevaron a cabo los habitantes de las colonias aledañas a donde ocurrió el desastre, quienes se organizaron para ayudar en el rescate de heridos así como para ofrecer transporte y preparar alimentos para los familiares de las víctimas. La solidaridad de clase ha sido la primera respuesta de los de abajo, ante la omisión e indiferencia del gobierno por las vidas de los trabajadores. Pero se torna necesario pasar a organizar la indignación; pues no podemos permitir que sigan ocurriendo estas tragedias impunemente. Es imprescindible acompañar las acciones de los familiares y los vecinos de Tláhuac, impulsando protestas en los edificios de Gobierno capitalino, las estaciones del metro y las sedes de las empresas responsables.

Debemos exigir castigo a los funcionarios y empresarios responsables de la tragedia, los funcionarios en activo deben ser retirados inmediatamente de sus puestos para que sean puestos totalmente a disposición de las autoridades judiciales para que no usen su puesto influyendo en las investigaciones, cuyos peritajes deben ser realizados por un organismo independiente, ya que el gobierno no puede ser juez y parte. Deben ser castigados con cárcel los culpables de este colapso a todos los niveles, desde los diferentes gobernadores de la CDMX (Ebrard, Mancera y Sheinbaum), hasta los directores del metro y los supervisores de obra. La línea 12 tiene que ser totalmente reparada antes de comenzar a operar de nuevo, así como muchas otras estaciones, líneas e instalaciones que también presentan severas fallas técnicas y estructurales. El gobierno federal actual debe de dejar de pagar la deuda externa y cancelar la inversión en megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Tren México-Toluca (revocando todas las licencias otorgadas a las empresas contratistas) para que se destine ese dinero a la reparación cabal de todas las líneas del metro y se brinde el  apoyo necesario a las familias de las personas afectadas.

Asimismo, las bases de trabajadores del Metro deben romper con su dirigencia charra, destituyendo a sus líderes sindicales corruptos y eligiendo democráticamente a una nueva dirección que haga un llamado a un paro total en el servicio de transporte por la defensa de sus derechos laborales y, apoyándose en las y los millones de usuarios, impulsar una lucha hasta que se resuelvan las fallas estructurales del Sistema de Transporte Colectivo, pues nuestras vidas corren riesgo como trabajadores y sectores de la población que viajamos diariamente por esta vía. Solamente democratizando su sindicato y arrancando la administración del STC de las manos de las autoridades gubernamentales, para poner la gestión del Metro bajo el control de los trabajadores es que se podrá evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de tragedias.

¡Cárcel a los funcionarios públicos y dueños de empresas constructoras culpables!

¡Multas, cancelación de licencias y revocación de permisos de operación a las empresas involucradas!

¡Reparación del daño hacia las víctimas y sus familias por las empresas e instituciones responsables!

¡Por la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro¡

¡Alto a la privatización! ¡Por el control obrero y popular del Sistema de Transporte Colectivo!