Declaración de la Agrupación de Lucha Socialista (ALS-México) y de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), 20 de noviembre de 2020.

El pasado lunes 10 de noviembre se exacerbó la crisis política en Perú, ya que el hasta entonces presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo, al haber declarado el Congreso la vacancia del poder ejecutivo, por incapacidad moral permanente, en medio de acusaciones de corrupción en su contra, por lo que fue sustituido por Manuel Merino, quien fungía como presidente del Congreso de la República peruana.

La presente situación hunde sus raíces en la decadencia del régimen político peruano establecido por Alberto Fujimori con la Constitución de 1993 y que se consolidó con el Acuerdo Nacional del año 2000, efectuado entre las diversas fuerzas políticas y empresariales, y a partir del cual se emprendieron una serie de ataques a las condiciones de vida de la mayoría de la población peruana, con privatizaciones y reformas de libre mercado implementadas por los tecnócratas neoliberales enquistados en las instituciones gubernamentales desde entonces.

Asimismo, este estado de inestabilidad institucional deriva de años de crispación política en Perú, debido al creciente encono entre los poderes legislativo y ejecutivo, a partir de las elecciones parlamentarias de 2016, que dieron mayoría al reaccionario partido fujimorista, y que concluyó en la disolución y renovación anticipada del Congreso, en octubre de 2019. Además, responde a un descontento popular creciente que se ha venido gestando con las administraciones gubernamentales y las gestiones parlamentarias de las últimas décadas debido a la corrupción y descomposición generalizada de la casta política peruana, cuya mayor expresión son los últimos 6 presidentes enjuiciados, arrestados o suicidados y más de la mitad de diputados del Congreso de aquel país bajo investigaciones judiciales.

Todo ello es expresión de una crisis profunda que afecta al conjunto de las instituciones del régimen político peruano, particularmente el deterioro que han venido presentando la legitimidad de los partidos y la figura del Presidente. Es de recordarse que Vizcarra de por sí, ya estaba cubriendo el Poder Ejecutivo después de que en marzo de 2018 renunciara Pedro Pablo Kuczynski (también acusado por corrupción –vinculado al caso Odebrecht, el mayor caso de corrupción en la región latinoamericana- quien cumple actualmente una condena de arresto domiciliario), por lo que ya han transitado 4 distintos personajes en un mismo período presidencial.

Sin embargo, la crisis escaló con la destitución de Vizcarra, cuando surgieron masivas protestas al grito de “¡Ni Vizcarra ni Merino!”, que llevaron a enfrentamientos con las fuerzas policiales en donde resultaron 2 jóvenes asesinados por arma de fuego, decenas de desaparecidos y más de 100 heridos (9 por disparos de bala), por la represión de las fuerzas policiales.

Debido a ello, el domingo 15 de noviembre, a escasos 6 días de haber asumido la presidencia, se vio obligado a dimitir Manuel Merino, tras haber renunciado más de la mitad (13 e 18 ministros) de su gabinete, y de que el presidente del Congreso, Luis Valdés, pidiera su renuncia; llamado al que se sumaron el gobernador de Lima, capital de Perú, y la mayoría de los candidatos presidenciales a las próximas elecciones, previstas para el 22 de abril de 2021.

Inmediatamente después de la renuncia de Merino, Luis Valdés, del partido de derecha Alianza por el Progreso, convocó a una junta de delegados de los partidos representados en el Congreso para encontrar una salida constitucional de la coyuntura crítica que vive Perú, que para entonces, ya había asumido un carácter revolucionario, con masivas manifestaciones populares, fuertes choques contra las fuerzas represivas, la dimisión de directivos de los medios públicos de comunicación ante la censura ejercida por el régimen e, incluso, hubo llamados polarizados por parte de sectores de las Fuerzas Armadas, que se dividieron ante la crisis política.

Lo anterior se expresó en la sucesión de 3 presidentes en menos de una semana, sobre todo porque los manifestantes que salieron a las calles no lo hicieron tanto por defender al anterior gobierno sino hartos de la corrupción e impunidad y acicateados por la crisis social y económica exacerbada por la pandemia del Covid-19 (siendo Perú uno de los países con mortalidad más alta en la región); en un contexto donde los escándalos por corrupción de expresidentes se han sucedido uno tras otro, como lo menciona un joven universitario que participó en las manifestaciones: “La marcha no es para que regrese Vizcarra, es estrictamente en contra de Merino. Nosotros estamos cansados de la corrupción, de los políticos de siempre que se reparten e imponen sus intereses personales” (Aristegui Noticias 19/11/2020).

La situación no se ha estabilizado, a pesar del discurso por parte de Merino de que no se abriría un vacío de poder, pues los miembros de su gabinete se mantendrían en sus cargos hasta que se restablezca el orden, y a pesar de que los partidos e instituciones del régimen buscaron cerrar inmediatamente la crisis con la reciente designación de Francisco Sagasti como presidente interino hasta el 28 de julio del próximo año, en lo que se realizan las votaciones y resulta electo un nuevo presidente constitucional.

Sin embargo, el proceso se mantiene pues las protestas por parte de diversos sectores populares, encabezados por la juventud peruana, han continuado. Las masas celebraron en las calles y en sus casas la caída de Merino, reconociendo como una conquista del movimiento haber impuesto su renuncia, aunque el régimen busque hacerlo parecer como una concesión al clamor popular, colocando a un personaje de centro-derecha como Sagasti, que goza de amplio consenso entre las fuerzas políticas institucionales, cuyo partido se opuso a la vacancia de Vizcarra y cuyo candidato a los comicios venideros incluso participó en las protestas contra Merino, intentando capitalizar el descontento popular a su favor.

Todos los grupos del régimen político peruano se han puesto de acuerdo para contener el proceso revolucionario abierto el 10 de noviembre, volcando todo su apoyo hacia Sagasti, confiando en que su figura logrará calmar los ánimos populares y garantizar la realización de las elecciones de abril, como mecanismo para desactivar las movilizaciones y canalizarlas por vía institucional, buscando evitar que las nacientes jornadas de lucha del pueblo peruano escalen al nivel de los recientes procesos insurreccionales protagonizados por los pueblos de Chile y Bolivia. Sólo así pueden entenderse el discurso de toma de posesión de Sagasti, en el que hizo un llamado a la calma hacia la juventud, a la cual nombró como “defensora de la democracia”, a la vez que afirmó que haría “cumplir la Constitución de 1993” y buscaría garantizar “la estabilidad económica”; es decir, pretende dar nuevos bríos al régimen autoritario y al modelo neoliberal que han causado el actual desastre y ruina del Perú.

Sin embargo, los sectores movilizados se mantienen expectantes y dispuestos a salir nuevamente a las calles. Desde la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT) expresamos nuestra solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo peruano y llamamos a la juventud, a los trabajadores de la ciudad y el campo, a los distintos sectores populares, a no cejar en la lucha hasta echar abajo toda la corrupta casta política y las corroídas instituciones provenientes del régimen fujimorista del ‘93. En ese tenor, celebramos el llamado de diversos sectores obreros y sindicales a continuar la movilización, pues será la única manera de imponer una salida revolucionaria a la crisis por la que atraviesa Perú. Para ello, es necesario articular un Plan y un Programa de Lucha unificado en torno al objetivo de profundizar la actual crisis a través del llamado a una huelga general, que aglutine a todos los sectores movilizados, sin confiar en los partidos del régimen sino construyendo organismos independientes como comités y consejos de lucha, asambleas y cabildos abiertos, brigadas de autodefensa y milicias populares contra la represión, instancias de autodeterminación de los sectores movilizados, capaces de convertirse en alternativas de poder, frente a las instituciones del régimen.

Igualmente, se torna imprescindible impulsar desde abajo la convocatoria por una Asamblea Constituyente Revolucionaria, con delegados (electos, rotativos y revocables) de los trabajadores y sectores en lucha, bajo el control de los comités y demás organismos populares creados durante la movilización, como espacio en el que se discuta y desde que se impulse un Plan para la transformación radical de la República peruana. No obstante, debemos advertir que, aunque la consigna por una Nueva Constitución resulta atractiva para diversos sectores cansados de la antidemocracia y corrupción del sistema político, es necesario sacar lecciones de los procesos que han sucedido en los hermanos países latinoamericanos en los que, si bien se han conseguido importantes reformas legales por vía de Asambleas Constituyentes, sin embargo, ello no ha implicado cambios trascendentales en las condiciones del pueblo trabajador, pues han sido controlados por los viejos partidos e instituciones del régimen burgués.

Desde la CCRI/RCIT planteamos que sólo a través de la construcción de organismos independientes para la acción y la deliberación de los sectores en lucha, junto con la incorporación de los principales referentes sindicales (como la CGTP), y las organizaciones campesinas y populares, es que se podrá derrocar al conjunto del régimen y avanzar en la construcción de un Gobierno obrero, campesino y popular, que resuelva en beneficio de la mayoría de la población la grave situación por la que atraviesa Perú. Para ello, es crucial la unificación de la vanguardia de la juventud, de los trabajadores y sectores en lucha, en torno a la construcción de un Partido con una estrategia y un programa revolucionarios, orientados al derrocamiento de la clase capitalista dominante en el Perú. Sólo un partido revolucionario, será capaz de vincular la actual movilización del pueblo peruano con los procesos de lucha revolucionaria en Latinoamérica y a nivel mundial.