Declaración de la Agrupación de Lucha Socialista (ALS) y de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), 19 de agosto de 2020.

1.       Desde finales de abril, las masas campesinas, indígenas, obreras y populares en Bolivia, comenzaron a salir nuevamente a las calles, en repudio al gobierno golpista de Jeanine Añez, al grito de “¡Elecciones, ya!” y desafiando la estrategia de confinamiento y militarización, impuesta por el gobierno usurpador bajo el pretexto de la emergencia sanitaria derivada del SARS-Cov-2.

2.       Los cacerolazos, las marchas, los bloqueos, las huelgas de hambre y los enfrentamientos en las calles se fueron extendiendo y radicalizando, conforme el gobierno de facto fue aislándose progresivamente ante el pésimo manejo de la emergencia sanitaria y la crisis económica, que han provocado el empeoramiento de las condiciones de vida de la población boliviana, en combinación con los escandalosos casos de corrupción en el manejo de los recursos del Estado y las antipopulares reformas impuestas por Añez, como los decretos supremos DS-4232, que consolida el agro-negocio transgénico en Bolivia, o el DS-4231, que pretende imponer la censura a cualquier expresión de inconformidad y crítica.

3.       El gobierno transicional de Añez, que asumió el poder por vía golpista a finales de noviembre de 2019, tras un explosivo período de movilizaciones tanto reaccionarias de fuerzas de derecha como progresivas de sectores populares descontentos, está conformado por una coalición de grupos empresariales, militares, eclesiales y derechistas pero, a su vez, es producto de un pacto con la dirigencia del MAS -quienes tienen mayoría en el Congreso-, con el beneplácito de las organizaciones internacionales del imperialismo –ONU, OEA-, entre quienes acordaron las bases del proceso electoral que había quedado fijado para el 3 de mayo, luego se recorrieron a julio, posteriormente al 6 de septiembre y, finalmente, se prorrogaron para el 18 de octubre del presente año.

4.       Las maniobras legaloides de Añez por posponer las elecciones y prolongar indefinidamente un gobierno autoproclamado de transición, no hicieron más que mostrar su creciente debilidad y agudizar la acelerada polarización social y política en Bolivia, en medio de una crisis de gobernabilidad marcada por la recesión económica, despidos, recortes, endeudamientos, contagios y muertes, que han propiciado el alejamiento de sectores de las clases medias citadinas, de la burocracia y cuerpos policiales, de la Iglesia y sectores intelectuales que habían apoyado en un primer momento el golpe, propiciando que el actual gobierno se sostenga cada vez más, de manera única, en las fuerzas armadas y los grandes capitales extranjeros.

5.       Así, las protestas dieron un salto cualitativo en la radicalidad de la lucha a partir del 3 de agosto, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) -cuya dirigencia ha pretendido convertir a este poderoso brazo de lucha del proletariado boliviano en instrumento de presión electoral del MAS- convocó a una huelga indefinida hasta lograr una convocatoria definitiva a elecciones. A pesar de que la burocracia de la COB no hizo efectiva la huelga general, las masas bolivianas no esperaron y establecieron más de 200 bloqueos de caminos en diversas regiones de Bolivia, que se extendieron por más de una semana, convirtiéndose en verdaderos centros neurálgicos de la lucha.

6.       Las valerosas masas bolivianas se enfrentaron a la represión del gobierno que envió a sus grupos paramilitares de choque, como la Resistencia Juvenil Chocala y la Unión Juvenil Cruceñista, que agredieron armadamente los campamentos e, incluso, dinamitaron locales sindicales de la COB, al tiempo que Jeanine Añez amenazó con mandar al Ejército a disolver los bloqueos. La tensión comenzaba a subir cada vez más, volviéndose a poner de manifiesto conatos de guerra civil como había ocurrido en noviembre del año pasado, a lo que las masas subieron de tono conformando grupos de autodefensa, exigiendo la caída de Añez y la inmediata convocatoria a elecciones.

7.       Sin embargo, nuevamente los diversos sectores del pueblo boliviano en lucha se vieron frustrados en sus reivindicaciones por la traición de sus dirigencias burocráticas y conciliadoras pues, ante la radicalización de las protestas y de las exigencia de las masas, la Asamblea Legislativa Plurinacional –con mayoría de 2/3 del MAS-, promulgó una nueva Ley Electoral –con el acuerdo del MAS, el Tribunal Supremo Electoral, la Iglesia y la ONU- que ya fue aceptada por el actual gobierno, para fijar impostergablemente el 18 de octubre como fecha máxima de las elecciones.

8.       Esta Ley, cantada como un éxito por Evo Morales, así como por Luis Arce Catorca y David Cochehuanca -actuales personajes presidenciables del MAS-, en realidad representa una burla a las aspiraciones democráticas y las demandas más sentidas del pueblo boliviano, pues cuando las masas populares salieron a exigir la inmediata renuncia de Añez así como demandas por trabajo, salud, educación y comida en medio de la gran emergencia social y económica por la crisis que atraviesa Bolivia, el MAS, la burocracia de la COB y el Pacto de Unidad pretenden encasillar la lucha en los estrechos marcos de la coyuntura electoral, exclamando orgullosos que han logrado “pacificar por segunda vez” al país.

9.       Los intentos conciliadores y “pacificadores” del MAS comenzaron desde los primeros días de bloqueos, cuando Evo Morales publicó: “Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Añez que postergará aún más nuestro retorno a la democracia o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas”. Asimismo, la COB encabezada por J. Carlos Huarachi, no se quedó atrás, pues aunque cuestionó el pacto que fijó la fecha comicial (que simplemente querían adelantar al 16 de septiembre), sin embargo, declaró un Cuarto Intermedio, esto es, el establecimiento de un período de “vigilia” hasta la realización de las elecciones. Es decir, pretenden apaciguar los ánimos, generando confianza en la salida electoral y desmovilizando, en una estrategia centrada únicamente en la cuestión electoral, dejando de lado la disposición de lucha de las masas para derrocar a Añez y al conjunto del gobierno golpista.

10.   El descontento popular con este acuerdo entre las dirigencias del MAS, COB y PU con el gobierno de Añez, ya se ha puesto de manifiesto en diversas regiones de Cochabamba, Potosí y La Paz, entre otras zonas donde los vecinos y trabajadores de los barrios y las comunidades campesinas han repudiado este acuerdo pues saben que no implica ningún logro –al contrario, se ratifica la fecha de prórroga impuesta por Añez a las elecciones- ni mucho menos se resuelve la grave crisis que vive Bolivia, por lo que la exigencia de las bases sigue siendo que renuncie Añez y todos sus ministros.

11.   Otra expresión en el mismo sentido es que en diversos puntos hubo acaloradas discusiones y una oposición de las bases al levantamiento de los bloqueos mandatado por las dirigencias masistas y sindicales; incluso llegó a haber masivos cabildos abiertos en los cuales diversos referentes tildaron de traidoras a las dirigencias conciliadoras, se pronunciaron por mantener los bloqueos y demás medidas de presión para impulsar un programa por la renuncia de Añez, por la aplicación de la ley de arraigo y juicio a funcionarios, una ley de protección a líderes de las organizaciones que encabezaron los bloqueos y la defensa de los recursos naturales de la nación boliviana, entre otros ejes para continuar la lucha.

12.   La dirigencia del MAS -de la mano con la COB y el Pacto de Unidad- lograron un triunfo momentáneo para sus intereses al lograr posicionarse como principales garantes del orden burgués ante la notable radicalización que asumía el levantamiento, pues impulsaron el Pacto electoral como vía para desarticular la incipiente construcción de gérmenes de autoorganización de masas que estaba comenzando a gestarse en los puntos de bloqueo, donde las bases ya iniciaban a armarse para enfrentar la represión, a coordinarse regionalmente y a cuestionar la traición de sus dirigencias, planteando un programa mucho más allá de lo electoral.

13.   Aunque el MAS y la COB llamaron a levantar los bloqueos, en distintos puntos se prosiguieron por las bases descontentas; ante ello, el gobierno anunció un plan de contingencia para desbloquear los caminos y carreteras donde se mantuvieran las protestas. Así, a pesar del pacto, la situación aún no se ha estabilizado y la salida electoral todavía no se encuentra decantada completamente, pues la crisis se profundiza, al descontento crece no sólo contra el gobierno de Añez sino también contra los referentes de oposición conciliadores, por lo que el período que resta hasta el 18 de octubre estará marcado por una gran volatilidad que fácilmente podría explotar antes de unos comicios que aún son inciertos.

14.   Sea que se lleven a cabo las elecciones el 18 de octubre o no, las mismas no resolverán la crítica situación en Bolivia, cualquier gobierno que quede al frente, estará bajo una fuerte presión popular y con un bajo nivel de legitimidad, no solo porque el arreglo político para llevar a cabo el proceso electoral restringe las posibilidades de participación política únicamente al MAS y los partidos de la derecha –excluyendo cualquier otra alternativa de representación emergente nacida al calor de la movilización- sino, sobre todo, debido a que ninguna de las fuerzas que se están disputando el gobierno han planteado una solución de fondo a las necesidades del pueblo boliviano, sino que se mantienen en los marcos del régimen político-económico prevaleciente en los últimos años, que llevó a la actual situación.

15.    Desde la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), llamamos al conjunto del pueblo boliviano a rechazar la salida institucional negociada por el MAS-COB con el gobierno ilegítimo de Áñez, nos pronunciamos por el sostenimiento y la unidad de la movilización, extendiendo nuevamente los bloqueos y llevando a cabo de manera efectiva la huelga general, sin depositar ninguna confianza a las dirigencias traidoras, sino rebasando por izquierda a esos referentes conciliadores, construyendo una verdadera vanguardia revolucionaria que encabece consecuentemente la lucha, a través de la convocatoria a un gran Cabildo Nacional en donde participen todos los sectores  movilizados para elaborar e implementar un Plan Nacional de Lucha con el objetivo de derrocar a Añez y todo su gabinete, establecer un Plan social y económico de emergencia para garantizar empleo, salud, educación, salario y vivienda para el pueblo así como la expropiación y nacionalización de tierras y sectores estratégicos de la economía, retomando no solo la agenda de Octubre (2003) sino las tesis de Pulacayo del ‘52, con la perspectiva de instaurar un verdadero Gobierno Obrero, Indígena, Campesino y Popular, basado en las asambleas, cabildos y organizaciones de las masas en lucha.