1 de junio de 2020.

Ante la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del Covid-19, los estragos
para las y los trabajadores de México han sido catastróficos.

Lo anterior, no solamente es debido al desmantelamiento del sistema de salud
propiciado por décadas de políticas privatizadoras, sino también, por las diversas
olas de reformas estructurales que han venido a precarizar las condiciones de
trabajo y de vida de la mayoría de la población.

En los diferentes sexenios, las y los trabajadores hemos venido padeciendo un
ataque permanente a nuestros derechos laborales y conquistas sociales como a:
la libre sindicalización, el derecho a huelga, los contratos colectivos, la jornada
laboral de 8 horas, un salario suficiente, jubilación digna y a diversas prestaciones
sociales, incluida la seguridad social.

El saldo es que la gran mayoría laboramos en la informalidad o bajo regímenes de
subcontratación, outsourcing y flexibilización laboral; durante jornadas extenuantes
y en condiciones de hacinamiento e insalubridad; carentes de la posibilidad de
afiliarnos a un sindicato u obligados a pertenecer a sindicatos blancos o
corporativos, bajo control de los patrones y del Estado; por salarios que no
alcanzan a cubrir las necesidades familiares ni acceso a servicios básicos como la
salud y la vivienda.

Este proceso de despojo nos ha dejado sin ningún tipo de protección social,
jurídica o sindical para enfrentar la actual situación de emergencia sanitaria y de
crisis económica; poniendo a millones de trabajadores y nuestras familias ante la
disyuntiva de tener que salir a trabajar y exponernos a morir contagiados o
resguardarnos y morir de hambre en casa, al no contar con un ingreso garantizado
y ni si quiera con la seguridad de conservar nuestro empleo, en este crítico
momento.

Esta situación se ha agravado sustancialmente por la gestión de la emergencia
sanitaria que está haciendo el gobierno actual pues, aunque dice apoyar primero a
los más pobres, en los hechos, solamente ha decretado apoyos raquíticos para
grupos vulnerables así como a pequeñas y medianas empresas mientras, en
contraparte, ha seguido pagando puntualmente la deuda pública del Estado
(incluido el FOBRAPROA y otras estafas), ha inyectado rescates millonarios a los
grandes bancos y otorgado millonarias concesiones a las empresas monopólicas.
Así, a pesar de la cuarentena, los datos oficiales (que sólo consideran el registro
de los centros de salud) señalan más de 90 mil infectados y más de 9 mil muertes,
mientras en este período más de un millón de trabajadores han sido despedidos;
miles de familias están perdiendo su hogar y patrimonio por no tener para pagar
sus deudas o alquileres, y cientos de pequeños negocios han quebrado o sufrido
grandes pérdidas e, incluso, el cierre violento por parte de las fuerzas policiales.

Todo ello, sin que el gobierno condone deudas, alquileres e impuestos ni
subvencione un ingreso suficiente para las familias de los trabajadores informales
o precarizados que no cuentan con un salario garantizado; ni garantice las
medidas de protección sanitaria a los trabajadores de sectores esenciales como el
personal médico, del transporte público o de las empresas estratégicas del
Estado, donde se han reportado miles de casos de contagio y cientos de muertes;
sin que se castigue a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, que están
recortando empleos, salarios y prestaciones laborales, o se multe y se imponga el
cierre obligatorio a las grandes empresas de ramos no esenciales que están
forzando a sus empleados a acudir a sus centros de trabajo.

No bastando lo anterior, el gobierno de la 4T acaba de imponer una vuelta a la
“normalidad” con el fin de buscar reactivar la actividad económica sin garantizar
las condiciones de seguridad y protección sanitarias para los millones de
trabajadores de las diversas industrias, ramas comerciales y de servicios; dentro
de las cuales, se pretende poner en marcha varias actividades (como la
construcción, mineras y la producción automotriz, entre otras) cuando no están
consideradas dentro de los sectores esenciales marcados por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y en un momento en que todo el territorio nacional
se encuentra en condiciones de riesgo sanitario.

Como ejemplo está el sector de maquiladoras donde reiniciaron labores cientos de
miles de obreras y obreros de los grandes corredores industriales instalados en la
frontera norte del país, bajo la presión que han ejercido los dueños y gobierno
estadounidenses, a pesar de que, por ejemplo, en Baja California se han
reportado más de 519 muertes por contagio, de las cuales 432 eran trabajadores
de la maquila; algo similar a lo que ocurre en Chihuahua, particularmente en Cd.
Juárez, donde empleados del ramo calculan alrededor de 100 muertes por Covid-
19. Lo cual ha impulsado a diversos grupos de trabajadores ya sea a organizarse
para imponer el paro de labores en sus empresas o a salir a las calles a protestar
contra la reapertura de sus centros de trabajo por temor a poner en riesgo sus
vidas y las de sus familias.

Estas luchas se aúnan a las movilizaciones que casi diariamente han
protagonizado las y los trabajadores del sector salud, reclamando insumos,
equipamiento, protocolos y medidas de protección adecuadas en los centros de
atención médica, denunciando las jornadas extenuantes de trabajo a las que se
han visto obligados a trabajar, sin que a muchos de ellos se les reconozca una
estabilidad laboral, con basificación y prestaciones sociales. Pues mientras el
gobierno presume en los medios de comunicación que hay clínicas y hospitales
suficientes para afrontar la pandemia, la realidad es que muchas sedes destinadas
a la atención de enfermos por Covid-19 han sido sobrepasados por el número de
internaciones e, incluso, se han vuelto focos de infección tanto para
derechohabientes como para el personal médico (que según datos de la SSA, más de 11 mil han resultado infectados), por no contar con las condiciones mínimas de
seguridad sanitaria.

Por otro lado, un caso dramático es el de las y los trabajadores de NOTIMEX, la
Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que desde el 21 de febrero de este año
se fueron a huelga en demanda de aumento salarial, la recontratación de 241
empleados despedidos injustificadamente y una serie de recortes en sus
prestaciones laborales, violaciones a su contrato colectivo y denunciando un
ambiente de represión y hostigamiento por parte de la Junta Directiva de dicha
dependencia de gobierno, liderada por Sanjuana Martínez, cercana a AMLO. Todo
ello, ante la indiferencia del Gobierno Federal y en medio de las difíciles
condiciones de la contingencia sanitaria en la que se han visto obligados a
sostener por más de 3 meses un campamento afuera de la sede central de la
agencia.

Ante este panorama, convocamos al conjunto de los sindicatos, movimientos
sociales y organizaciones populares a solidarizarnos con las distintas luchas de
los trabajadores del campo y la ciudad que están resistiendo los estragos de la
emergencia sanitaria y la recesión económica; instamos a oponernos a los
ataques de la patronal bajo el pretexto de la pandemia y aprovechando la
desmovilización provocada por la cuarentena; hacemos un llamado a la clase
trabajadora y sectores populares a comenzar desde ahora a articularnos,
preparando las condiciones para retomar la movilización en las calles –
resguardando de manera consciente, disciplinada y organizada las medidas de
cuidado colectivo- con el objetivo de impulsar un Plan de Lucha Nacional para
defender nuestras conquistas y derechos. Solo de esta manera podremos
construir una solución desde abajo a la emergencia sanitaria y a la crisis del
capitalismo.

¡Nuestras vidas antes que sus negocios!
¡Toda la solidaridad con los trabajadores en lucha!

Firman:

Agrupación de Lucha Socialista (ALS)
Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social
Honorable Casa Nacional del Estudiante
La Voz del Anáhuac                                                                                                                Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores