Alrededor del mundo se extiende una crisis de proporciones nunca antes vistas en la historia reciente de la humanidad. La pandemia del Covid-19 es solo un factor más que se engarza dentro de la grave situación de ruptura que atraviesa al sistema capitalista a nivel mundial, en el que se combinan la emergencia sanitaria con la crisis económica, social, ecológica y civilizatoria. México no escapa ante esta situación. La actual emergencia sanitaria no es más que el aspecto más visible y catalizador de la crítica situación que enfrenta nuestro país. 

Desde 2019 la economía mexicana venía arrastrando una severa contracción que llevó a un crecimiento nulo (0.1%), el cual se combinó con una baja en las inversiones del sector privado (que llegó a caer casi 10%) y en los niveles de consumo de la población (que tuvo su nivel más bajo desde 2009). Ahora bien, desde enero de 2020 (antes de que comenzara la pandemia), los pronósticos económicos en nuestro país eran ya muy poco alentadores, pues se esperaba un crecimiento no mayor al 1% debido a la baja internacional de los precios del petróleo (que cayeron a su máximo histórico) y la crisis fiscal de Pemex, junto con el estancamiento de la actividad industrial y de la inversión financiera.

Sin embargo, estos cálculos no tomaban en cuenta los efectos que vendrían por la expansión global de la pandemia del Covid-19, y sus consecuencias en nuestro país, mismas que empezaron a sentirse a partir del establecimiento de la cuarentena por parte del gobierno federal la cual ya se ha anunciado que durará, mínimamente, hasta el 1ro de junio pues se espera que el punto más agudo del contagio se produzca en la primera quincena de mayo. No obstante, a lo anterior hay que añadir el hecho de que México, al ser un país semicolonial y de economía dependiente del petróleo, se verá gravemente afectado debido tanto a la contracción que sufrirá la economía mundial y, en particular, la estadounidense (nuestro principal socio comercial) como al desplome sostenido de los precios petroleros; ante lo cual, la estrategia de reducción masiva de producción por parte de los países pertenecientes a la OPEP no trajo ninguna mejora (el 20 de abril, incluso, cayó el precio por barril a números negativos).

Lo sectores económicos más afectados están siendo el turismo, el comercio y el sector energético, sin embargo, también comienzan a resentirse las remesas y las manufacturas. Por lo anterior, varias calificadoras y organismos financieros auguran una contracción en nuestra economía de entre el 3 al 7%, lo que podría provocar una tasa de desempleo de alrededor de 5% (casi 3 millones de empleos perdidos) y que alrededor de 20 millones de personas caigan en la pobreza. Ante este escenario, la estrategia del gobierno mexicano revela su carácter de clase.

Obrador presentó un Plan de reactivación económica basado en 3 ejes: “inversión pública, empleo y austeridad” que, según dijo, pretende llevar a cabo sin aumentar la deuda pública ni elevar impuestos por lo que echó mano de más de la mitad del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y decretó la extinción de cientos de fideicomisos por un monto de $740 millones (la mayoría relacionados a rubros de cultura, ciencia y tecnología, pago de pensiones y prestaciones laborales); recursos que tenía el Estado mexicano como reserva ante emergencias; al igual que redujo ciertos gastos del gobierno (publicidad, viáticos, aguinaldos, etc.). Estos fondos irán destinados a créditos agrícolas y para pequeñas o medianas empresas; el sostenimiento de los programas sociales; asimismo, otro eje fundamental será apuntalar a PEMEX, garantizar el pago de la deuda pública, la aceleración de los megaproyectos de infraestructura (el “Tren Maya”, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas) y otros programas insignia de su gobierno (como la ampliación de “Sembrando vida”).

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El gobierno de Obrador ve reducido su margen de maniobra justo antes de la fase más crítica de la emergencia de salud y antes del momento más bajo del ciclo económico. Pues, sin una reforma fiscal progresiva que establezca impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas (a las cuales ya dijo que no piensa tocar), sin la cancelación de la deuda del Estado (la cual piensa seguir pagando puntualmente), sin una renacionalización de los sectores estratégicos de nuestra economía (incluido el sector salud, energético y manufacturero) y sin un re-direccionamiento de gastos prescindibles del presupuesto público (fuerzas armadas, partidos e instituciones electorales, reducción de sueldos de altos funcionarios y representantes de elección popular al nivel de un trabajador promedio, etc.) que le permita generar los recursos necesarios para atender la crisis sanitaria y económica, sólo le restará acabarse los fondos de emergencia (lo que puede traer consecuencias nefastas para las finanzas públicas –depreciación mayor de la moneda, inflación, etc.), endeudarse y/o recortar el gasto público (particularmente el rubro social).

Es decir, si la 4T no ejerce medidas drásticas contra los grandes intereses políticos y económicos, tanto nacionales como extranjeros; si prosigue pagando la deuda pública; continúa la construcción de los megaproyectos de despojo; sigue eximiendo de impuestos a los grandes empresarios y ricos; si endeuda aún más a las familias (con créditos) y aplica programas clientelares en vez de inversión productiva en el sector industrial y agrícola (que genere empleos al largo plazo), ello implicará descargar los efectos de la crisis en las familias, lo que llevará a minar gravemente las condiciones de vida del pueblo trabajador que se verá sometido a mayor desigualdad, pobreza, precarización laboral e inseguridad en el período post-cuarentena; al tiempo que, durante la contingencia, el personal de salud no cuenta con lo más mínimo para atender la pandemia; más de 350 mil trabajadores han perdido sus empleos y salarios; millones de personas no cuentan con la infraestructura básica en su hogares (agua, electricidad, etc.) ni ahorros o despensa para soportar un confinamiento hasta junio, ni para pagar los alquileres, impuestos y deudas, mismas que tendrían que condonarse para que millones no pierdan su patrimonio o mueran por hambre.

Si hacia el pueblo trabajador, el gobierno de AMLO realiza medidas paliativas insuficientes (su Paquete representa sólo 1% del PIB, cuando otros países latinoamericanos comparables económicamente, han empleado paquetes que representan 8%); en contraste, ha decretado una serie de apoyos al sector empresarial como el permitirles diferir las contribuciones patronales al seguro social (mientras los trabajadores tendrán que seguir pagando puntualmente el 100% de sus contribuciones) o una serie de asignaciones directas (sin concursos de licitación de por medio) o licitaciones preferenciales a grupos empresariales ligados a la 4T como la reciente concesión millonaria por parte de la SEP a Grupo Salinas (que sin ser empresa estratégica ha seguido operando) o la participación preferencial en diversas fases de la construcción del Tren Maya a miembros del equipo de asesoría económica del gabinete presidencial de Obrador y a la Guardia Nacional, sin contar las concesiones directas dadas a la SEDENA para el Aeropuerto de Santa Lucía.

Sin embargo, más allá de estos grupos empresariales y militares mimados por la 4T, gran parte de la burguesía está descontenta con la estrategia de Obrador ante la crisis. A través de sus organismos como la COPARMEX (e, incluso, sectores del CCE –que habían estado alineados al Ejecutivo-) han venido presionando al gobierno federal para que asuma una serie de paquetes orientados a salvar a las grandes empresas como, por ejemplo, la propuesta de “salario solidario” (a la que se sumó el PAN) para “evitar que se pierdan millones de trabajos y se disminuyan masivamente los salarios y prestaciones” de los trabajadores, que no es otra cosa que pretender hacernos pagar con nuestros impuestos una parte de los sueldos que por ley les corresponde garantizar a las empresas.

Como producto de la presión del empresariado, el Banco de México (en sintonía con las medidas adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos), decretó una reducción de las tasas de interés (que bajó a 6%) y apoyos por 750 mil millones de pesos (3.3% del PIB) a los grandes bancos, con el supuesto de que las instituciones bancarias fungirán de intermediarias para distribuir ese monto hacia las pequeñas y medianas empresas (a través de créditos con bajos intereses), con el objetivo de inyectar liquidez a la economía mexicana en un momento en que los flujos financieros se encuentran paralizados. Lo anterior no es sino el mecanismo que ha encontrado el Estado mexicano para socializar entre la población las pérdidas que generará la actual crisis, y garantizar las ganancias privadas de los millonarios accionistas e inversores, nacionales y extranjeros, a costillas de la riqueza nacional, siendo una reedición de los grandes rescates bancarios efectuados por el Estado mexicano tras la crisis de los 90’s (como el FOBAPROA-IPAB, denunciado por el propio AMLO); pues al mantener Banxico su autonomía de gestión, no hay ningún candado para impedir que esos fondos sean administrados por los grandes bancos en su propio beneficio; ante ello, debemos exigir la re-nacionalización de la Banca, bajo control de los trabajadores y el pueblo, para garantizar que esos recursos lleguen al pueblo pobre y no a las arcas de los grandes capitales.

En ese marco, la popularidad de AMLO ha venido disminuyendo progresivamente conforme se tensa la relación en el estira y afloje con sectores del empresariado y la oposición política, de manera paralela a que la población comienza a resentir los estragos tanto de la estrategia de confinamiento masivo establecida por el gobierno como los efectos de la recesión económica que se calcula sea mayor a las ocurridas en 1982, 1995 y 2009. Por tanto, la 4T se enfrenta al mayor reto de su sexenio en términos económicos y sociales, lo cual podría escalar rápidamente en un sentido político si la crisis económica adquiere formas dramáticas, si se evidencia un mal manejo de la emergencia sanitaria y comienzan a presentarse estallidos sociales espontáneos por desesperación ante el desplome del sistema de salud o por hambre, desempleo y quiebra ante el confinamiento masivo.

Pero mientras a empresarios, gobernadores y derechistas, que han promovido una campaña de desprestigio, golpeteo y provocación (caso de los monopolios televisivos), los deja actuar con impunidad, por otro lado, el gobierno comienza a endurecer sus rasgos bonapartistas hacia el pueblo bajo el pretexto de la pandemia. Si bien en la fase 1 y 2 de la contingencia no hubo medidas de excepción, sin embargo, hacia la fase 3 se acentuaron las medidas de restricción (empezando por algunos gobernadores) mientras que la Guardia Nacional estará resguardando centros de salud, vías públicas y combatiendo posibles saqueos a tiendas comerciales al tiempo que ya han comenzado a actuar las corporaciones policiales para cerrar por la fuerza establecimientos que no asumen la cuarentena, lo que se suma a la militarización que ya se venía dando y se ampliará con 31 mil efectivos más a las Fuerzas Armadas, sin que ello haya tenido efecto sobre la inseguridad y violencia del crimen organizado que no ha disminuido sino, en cambio, aumentó durante este período. 

Sin duda, los efectos de la emergencia sanitaria traerán consecuencias importantes para la vida política del país; además, el manejo que haga el gobierno de la crisis económica, será definitorio no sólo de las próximas elecciones intermedias sino de la gobernabilidad para el resto del sexenio, debido a la acentuación de las pugnas entre las diversas facciones de la burguesía y sus partidos así como el creciente descontento popular pues el Programa de Recuperación Económica anunciado por Obrador, no será suficiente para afrontar el crítico escenario que se avecina, marcado por ruina y cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, desempleo y recortes salariales, cancelación de prestaciones sociales, mayores niveles de desigualdad y pobreza, inseguridad y violencia, entre muchos otros problemas. 

En esta situación, la movilización popular que se venía desplegando en el primer año del sexenio, con las huelgas obreras y de sindicatos universitarios, los paros estudiantiles en diversas entidades del país y que se combinaron con los paros y protestas feministas que culminaron en la histórica movilización de las mujeres el 8 de marzo, quedaron eclipsadas bajo el manto de la pandemia. Lo cual se aúna a la actitud de las centrales obreras oficialistas que están promoviendo una estrategia de “unidad nacional” con la política oficial, llamando a no movilizarse el 1º de mayo, y sin una alternativa de lucha para defender a las y los trabajadores ante las consecuencias de la crisis; por su parte, docentes y estudiantes están desmovilizados con las escuelas cerradas, los zapatistas cerraron sus Juntas de Buen Gobierno y la mayoría de procesos de movilización social se han paralizado.

Por lo anterior, en estos momentos la gestión de la crisis se la están disputando a su favor entre las distintas facciones económicas y políticas de la burguesía pues, salvo algunos procesos locales (como las protestas del sector salud, los paros en las maquilas y sector servicios, las resistencias indígenas, etc.), las organizaciones populares, sindicatos y referentes de lucha se encuentran ausentes de la palestra política nacional. Por lo anterior, en lo inmediato, la crisis se ha desarrollado en un sentido negativo para la clase trabajadora y los sectores populares. 

Sin embargo, es previsible que conforme se alargue el confinamiento, el descontento popular irá superando el miedo a la pandemia y, posteriormente, al irse levantando la cuarentena, las protestas comenzarán a emerger con mayor fuerza por lo que se torna imprescindible, desde ahora, impulsar la autoorganización independiente entre los de abajo (formando comités de apoyo a grupos vulnerables, trabajadores de salud y sectores afectados por los despidos y recortes). Asimismo, es indispensable generar (con las medidas sanitarias necesarias) acciones de protesta en el marco de la movilización del 1ro de mayo, y que los sindicatos que se reclaman democráticos e independientes preparen las condiciones para un Encuentro Nacional de Trabajadores con el fin de definir un Programa y Plan de lucha centrado en afrontar la crisis, durante y después de la contingencia, con la perspectiva de que sólo con la construcción de un Gobierno obrero, campesino, indígena y popular podremos resolver la crisis en un sentido favorable para la mayoría de la población.