Desde 2007, los anteriores gobiernos implementaron una estrategia de seguridad basada en confiar a las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) el combate al narcotráfico y demás sectores del crimen organizado. La justificación fue que la policía y la mayoría de instituciones de seguridad, fueron corrompidas e infiltradas por las bandas criminales, por lo que era necesario sustituirlas y trasladar las labores de seguridad pública a los militares, sin importar que la Constitución mexicana prohíbe expresamente el despliegue de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

Al día de hoy, se cuentan alrededor de 250 mil asesinados, 35 mil desaparecidos y más de 1 millón de desplazados como saldos del supuesto “combate al narco” que, en los hechos, ha significado una guerra contra el pueblo, pues la violencia e inseguridad no ha disminuido sino, al contrario, han aumentado, y mientras los cárteles criminales se han fortalecido (aliándose con las fuerzas de seguridad y pactando con las instituciones del Estado, a todos los niveles), el Ejército se ha visto involucrado en casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, violación o asesinato de mujeres y contrainsurgencia al reprimir procesos de organización y resistencia popular.

A pesar de que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña regresar a los militares a sus cuarteles, sin embargo, su partido MORENA ha elaborado una iniciativa de reformas a la Constitución para legalizar la creación de una Guardia Nacional, compuesta por elementos militares además de que aumentó el presupuesto a la Secretaría de Defensa. ¿Por qué se mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles e, incluso, se acrecienta su presupuesto si diversos sectores de la población rechazan la militarización y han cuestionado al nuevo gobierno por continuar con una estrategia que ha mostrado su fracaso para terminar con la violencia y la inseguridad?

Por todo lo anterior, llamamos a la población a exigir que se cancele la creación de la Guardia Nacional, se regrese a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y se castigue a los militares (empezando por los altos mandos) que han cometido actos criminales contra el pueblo. Asimismo, planteamos que no podemos confiar nuestra seguridad a instituciones que han usado sus armas contra el pueblo y se encuentran coludidas con el crimen; en cambio, debemos retomar las experiencias de organización popular que en distintas regiones del país, han mostrado mayor eficacia para erradicar la criminalidad y la violencia. Conformemos asambleas y elijamos comités en nuestros barrios, centros de trabajo y escuelas donde, de forma participativa y democrática, nos encarguemos colectivamente de la seguridad de nuestras comunidades.

¡No a la Guardia Nacional! ¡Por la organización popular frente a la inseguridad!

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