Xóchitl Katari

 

Uno de los proyectos más polémicos del Obradorismo

Aunque AMLO prometió someter a consulta ciudadana la Iniciativa de ley para crear la Guardia Nacional, en los hechos, ya opera en varias localidades del país y avanza en su instrumentación a nivel nacional a través de las convocatorias para su enlistamiento y su aprobación en ambas cámaras del Congreso. La iniciativa original del presidente López Obrador proponía mantener el fuero castrense que les otorga impunidad para cometer toda clase de abusos, un mando militar y centralizado hacia el poder ejecutivo, mostrando la tendencia autoritaria a la que se dirige el gobierno que, conforme aumente su desgaste, se mostrará con mayor fuerza. Por ello, esta propuesta causó el rechazo de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y dentro del mismo partido de MORENA, (como Tatiana Clouthier y otros sectores de la estructura y de la base partidista), que exigieron la sustitución del mando de los militares por uno civil, a cargo del Secretario de Seguridad Federal. Pero debido a la disputa entre distintos niveles de poder sobre quién debe ejercer el mando de las fuerzas represivas, el Congreso modificó esa iniciativa.

Primero se aprobó en la Cámara de Diputados, mostrando los pactos entre MORENA y el PRI, para formar mayoría a favor de esta iniciativa represiva, pero la disputa por el control de la Guardia Nacional entre el Presidente y los gobernadores condujo a que se modificara en el Senado. Así, el día de ayer, los senadores de todos los partidos aprobaron por unanimidad las reformas constitucionales que, por un lado, establecen un mando civil pues se elimina la Junta de Jefes del Estado Mayor y se adscribe la Guardia Nacional al ramo de Seguridad Pública, además, se elimina el fuero militar a los miembros de la Guardia Nacional (que serán juzgados por tribunales civiles) y se establece un plazo máximo de 5 años para el retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles; sin embargo, por otro lado, la Guardia Nacional será integrada por policías federales, militares y navales e, igualmente, respetará la autonomía de las entidades federativas que era la demanda primordial de los gobernadores, quienes exigieron que el uso de esta fuerza fuese a petición de los estados y no por órdenes federales (así podrían usarla como instrumento para la represión de protestas locales).

Finalmente, se fijó un plazo de 90 días para la aprobación de las leyes secundarias: Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Será en las letras pequeñas de estas leyes donde se concretarán las reformas constitucionales y, seguramente, se blindará el actuar de las fuerzas armadas para mantener su impunidad, pues han sido los altos mandos militares los principales interesados y propulsores de estas iniciativas que implican modificar la Constitución para legalizar la militarización del país, algo que ni los anteriores gobiernos del PRI y el PAN habían logrado.

La Guardia Nacional: profundización de la estrategia de militarización

La militarización en México es parte de una estrategia regional de seguridad mandatada por Estados Unidos, que aplicaron los gobiernos del PRI y del PAN y que, ahora, es retomada por López Obrador. La creación de un aparato policíaco-militar bajo un mando único que ejerza las funciones de seguridad pública, sustituyendo a la policía civil, es parte del proyecto neoliberal capitalista, no contra el crimen organizado, sino dirigido contra las protestas de los más pobres, para seguir apuntalando las salvajes medidas de despojo y super-explotación. Bajo diferentes nombres y formas: Policía Federal, Gendarmería o Mando Único, ahora Guardia Nacional, la militarización tiene como esencia salvaguardar los intereses económicos y políticos de los más ricos en medio de la polarización social existente a nivel nacional en combinación con la pérdida de legitimidad del resto de las instituciones del régimen que, temporalmente, tuvo un respiro con el triunfo de López Obrador, pero sigue sin resolver la crisis política que continúa gestándose en nuestro país.

La militarización va de la mano con el recorte a las libertades democráticas del pueblo trabajador ganadas en las calles décadas atrás como el derecho a la organización, expresión y manifestación; sin embargo, los anteriores gobiernos no habían podido legalizar el despliegue del Ejército en tiempos de paz (pues estaba prohibido constitucionalmente) e, incluso, el intento por imponerlo por vía de la Ley de Seguridad Interior propuesta por Peña Nieto, fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia, ante los reclamos y el desprestigio en que habían caído las Fuerzas Armadas frente la población; pero, ahora, AMLO trata de revivirlas aprovechando la legitimidad de los votos que obtuvo para llegar a la Presidencia. Los objetivos generales de los capitalistas con la militarización se combinan con los propósitos particulares del gobierno de Obrador cuya política de seguridad prevé la posible agudización de una crisis mayor de gobernabilidad.

Si bien Obrador desde su campaña ha establecido pactos con ciertos sectores de la burguesía e incluso cuenta, por ahora, con el beneplácito del imperialismo encabezado por Trump, hay sectores burgueses recalcitrantes opuestos al gobierno; quienes, por ahora, son políticamente marginales, pero si logran crecer, le disputarán el poder a López Obrador, como ya lo ha hecho la derecha en Latinoamérica. Por otra parte, la ola de movilizaciones de trabajadores en el norte y centro del país, abanderadas con el triunfo de la poderosa huelga en las maquiladoras de Tamaulipas, sumadas a las del sur del país por los pueblos en resistencia contra los megaproyectos, puede desatar un proceso fuera del control de AMLO, por lo que el gobierno se verá obligado a usar la Guardia Nacional para la imposición violenta de sus reformas y megaproyectos en todo el país.

Si no, ¿para qué una reforma constitucional que implica cambios de largo alcance si supuestamente la militarización sólamente tendrá un plazo de 5 años?, más aún, ¿cómo explicamos que Obrador haya declarado el fin oficial de la guerra contra el narcotráfico y, a su vez, pretenda mantener al ejército en las calles bajo la careta de Guardia Nacional? Inclusive, busca incrementar sus filas con 50,000 jóvenes y la incorporación de sectores cooptados de las policías comunitarias y grupos de autodefensas que se han alejado de sus bases sociales y se están alineando al nuevo gobierno, como el caso de Nestora Salgado, ahora senadora por Morena, y José Manuel Mireles, autoproclamado líder nacional de las Autodefensas y a quien se busca posicionar para coordinar la Guardia Nacional.

Los pactos de AMLO con los altos mandos de las FF.AA., buscan granjearse su apoyo para el nuevo gobierno acrecentando, en los hechos, el protagonismo de las fuerzas castrenses en la vida pública, incluyendo su incorporación en actividades civiles y económicas estratégicas como la seguridad pública; la ocupación de instalaciones de PEMEX y el transporte de pipas en la campaña gubernamental contra el robo de combustible; la entrega de contratos -sin licitación de por medio- para operar obras públicas de infraestructura como la construcción de las instalaciones que ocupará la Guardia Nacional (financiado con terrenos de Santa Fé) y la administración del aeropuerto de la base militar de Santa Lucía (a pesar de que la construcción por la SEDENA de la barda perimetral del NAICM en Texcoco, estuvo plagada de corrupción).

GN Prensa

La combinación resulta peligrosa para el pueblo ya que, además de legalizar constitucionalmente la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, estos ingresos económicos les permitirán a los altos mandos una fuente de acumulación de riqueza, acrecentando su poder. Con ello, AMLO le facilita el camino a las cúpulas militares para, en caso de una crisis política, hacerse del poder por su cuenta;  tal y como le ocurrió a Madero durante la revolución de 1910, quien al no disolver al ejército del viejo régimen porfirista, lo traicionaron y dieron un golpe de estado al mando de Victoriano Huerta y Félix Díaz.

El ejército mexicano tiene las manos y las botas manchadas de sangre desde los tiempos de la revolución mexicana con el asesinato de Zapata y Villa; la ocupación militar contra las luchas de los electricistas, ferrocarrileros, maestros y médicos entre los años 30’s y 50’s; la masacre estudiantil en Tlatelolco (1968), la guerra sucia contra la guerrilla y disidentes políticos en la década de los setenta; contra los campesinos e indígenas de Aguas Blancas y Acteal en los 90’s y, más recientemente, el supuesto combate al narcotráfico iniciado por Calderón que, en los hechos, es una guerra contra el pueblo, cuyos resultados han sido más de 1 millón de desplazados, 250 mil asesinados y 40 mil desaparecidos, la mayoría jóvenes, mujeres, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas víctimas de la violencia.

Basta mencionar la masacre de Tlatlaya, San Fernando y Apatzingán, su intervención aún no aclarada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa junto a miles de denuncias documentadas por la misma ONU “por el incremento del uso ilegal y excesivo de la fuerza, así como la privación arbitraria de la libertad, la comisión de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas” (Proceso, 6/2/19) que no podemos olvidar, ni perdonar como pretende AMLO con su política de Reconciliación. ¡No puede haber justicia ni seguridad, sin castigar a los culpables!, ¡No más impunidad hacia las Fuerzas Armadas!

¡Por la organización popular independiente ante la inseguridad y la violencia estatal!

El nuevo gobierno plantea una disyuntiva falsa para afrontar la inseguridad: o Ejército o Policía, y su manera de intentar resolver el problema es por medio de una policía militarizada. El problema de ello es que tanto las Fuerzas Armadas como las corporaciones policiales, a todos los niveles, padecen de corrupción e infiltración del crimen organizado y han ejercido una violación sistemática de derechos humanos contra la población civil. Ello es así porque, en el marco del Estado capitalista, aún con un gobierno reformista, el Ejército es una institución represiva, vertical, antidemocrática y alejada del pueblo, que sirve a los intereses de los poderosos, y eso no va a cambiar dando cursos a los militares sobre derechos humanos y protocolos de actuación, ni si el mando de la Guardia Nacional es civil en vez de militar, ni si podrá ser disuelta por el Congreso; o si está bajo las órdenes de un “Presidente bueno” en vez de gobiernos represores.

La única alternativa es el armamento general del pueblo; pero no de forma anárquica e individualista sino de manera organizada y colectiva, desde los pueblos, los barrios, los sindicatos, etc. bajo la decisión y control de órganos asamblearios, que elijan y revoquen a quienes formen parte de ese sistema de milicias articulado a nivel local, regional y nacional. Si el gobierno de Obrador realmente fuera de izquierda, tendría que respetar estos procesos, cumpliendo con los Acuerdos de San Andrés y con otras disposiciones legales existentes a nivel nacional e internacional; incluso, tendría que promover la generalización de esas experiencias de armamento popular a nivel nacional y apoyarse en el pueblo organizado para vencer todas las resistencias de la derecha reaccionaria e impulsar un cambio real. Pero AMLO no está dispuesto a ello porque tiene pactos con el régimen actual, y teme que algo así podría impulsar un proceso de ascenso popular que trascienda el equilibrio de fuerzas y la política de conciliación de clases en que se basa su gobierno; por ello, prefiere cooptar, contener y controlar estos procesos, mientras se apoya en las Fuerzas Armadas.

Por todo lo anterior, desde la Agrupación de Lucha Socialista (ALS) llamamos a la población a exigir, con la movilización en las calles, que se cancele la creación de la Guardia Nacional y se regrese a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, rechazando la política de impunidad del gobierno de López Obrado. Asimismo, llamamos a los cientos de familiares que les han arrebatado dolorosamente a sus hijos e hijas a lo largo del país, a formar un Movimiento Nacional de Familiares de Asesinados y Desaparecidos encabezados por los padres de los 43 Normalistas y las madres de víctimas de feminicidios que mediante la movilización en las calles exija a los gobiernos de los diferentes niveles que haya justicia. ¡Ni un desaparecido más¡, Ni una asesinada más!

Finalmente, planteamos que no podemos confiar nuestra seguridad a instituciones que durante décadas han usado sus armas contra el pueblo y se encuentran coludidos con los criminales; en cambio, debemos retomar las experiencias de organización popular, conformando asambleas en nuestros barrios, colonias, centros de trabajo y escuelas donde, de forma participativa y democrática, elijamos comités revocables que se encarguen de la seguridad de nuestras comunidades. En nuestro país existen referentes históricos de ello como las bases zapatistas, los sistemas comunitarios de seguridad y justicia, entre otros, que si bien se han restringido a ámbitos locales, han podido expandirse hasta abarcar municipios y regiones enteras en diversos estados del país, mostrando reducciones drásticas de la inseguridad y otras problemáticas; pero para consolidarse tienen que romper con los marcos del régimen burgués. Para una solución así, habría que rebasar al gobierno obradorista, construyendo un polo de fuerzas independiente desde la izquierda anticapitalista y socialista.

¡Conformemos comités populares de autodefensa e independientes al régimen!

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