Pronunciamiento de la Agrupación de Lucha Socialista (ALS). 24.Enero.19.

Desde el 5 y 6 de enero de este año, en diversos estados, principalmente de la zona centro y del bajío, se ha dejado sentir el desabasto de combustible, luego de que el presidente Andrés M. López Obrador anunciara el inicio de su campaña contra el robo a PEMEX, inmediatamente después del siniestro aéreo donde presuntamente murieron la gobernadora electa y el ex-gobernador de Puebla, los caciques Moreno Valle.

Si bien, como ALS, consideramos correcto el combate al robo de combustible, sin embargo, sostenemos que la estrategia de AMLO no va a acabar de raíz con esta problemática . Por nuestra parte, sostenemos que únicamente por vía de la organización y movilización popular será posible extirpar el cáncer de la corrupción y saqueo que padece PEMEX y otras empresas de la industria energética para avanzar en ponerlas realmente en manos de los trabajadores y al servicio del pueblo mexicano.

PEMEX: de baluarte nacional a negocio de una mafia criminal

Desde inicios del siglo XX, Pemex ha sido uno de los principales sustentos económicos del país, sobre todo, a raíz de su nacionalización en 1938 gracias al ascenso de las luchas sindicales y campesinas quienes, en medio de la pugna con compañías extranjeras,  presionaron al gobierno de Lázaro Cárdenas para que la industria petrolera quedara en manos de los mexicanos; bajo la co-administración obrera de Pemex, ¡fueron los trabajadores petroleros quien sacaron adelante la producción de esta gran industria!

Prácticamente la riqueza generada a través de la producción en Pemex, entre otras empresas que se fueron nacionalizando (Ferrocarriles, Minas, Electricidad, etc.), financió la industrialización del país e hizo posible la materialización de diversas conquistas sociales derivadas de las luchas del pueblo trabajador como las instituciones de seguridad social, vivienda, salud, educación y servicios públicos. Las nacionalizaciones y la industrialización (de la mano del reparto agrario, la urbanización, alfabetización, entre otros procesos) fueron la palanca del modelo de desarrollo capitalista de nuestro país.

Sin embargo, conforme el régimen posrevolucionario se fue consolidando, en paralelo al desgaste del empuje de las masas, el sometimiento corporativo de los distintos sectores populares y los trabajadores del campo y la ciudad así como la charrificación de los sindicatos, fue virando hacia una mayor penetración imperialista de nuestra economía; entonces, Pemex y otras industrias se fueron convirtiendo, de ser el eje garante de una relativa soberanía nacional, en un negocio de la nueva Burguesía burocrática nacida de la revolución y ligada cada vez más al capital extranjero.

A partir de los 80´s, para salvar su crisis, las grandes potencias capitalistas lanzaron una ofensiva  global que incluyó la privatización de empresas públicas así como otros ataques a los trabajadores, iniciando en regiones bajo su influencia como América Latina bajo el pretexto de la deuda externa. Desde entonces, en México los gobiernos en turno han emprendido el desmantelamiento y privatización de PEMEX y todas las industrias estratégicas. Continuando con la firma del Tratado de Libre Comercio en los 90’s hasta la aprobación de la Reforma Energética en 2013 por los partidos del Pacto por México, se definieron las medidas para consolidar el proceso de privatización, lineamientos y reformas que Obrador, ha dicho, mantendrá vigentes.

Empresarios, burócratas y líderes sindicales: los mayores beneficiarios del negocio

La proliferación de la corrupción entre los funcionarios de esas paraestatales ha ido de la mano con la privatización de PEMEX y demás industrias energéticas, mediante la venta ilegal de combustible y petróleo crudo así como el otorgamiento de concesiones “legales” al capital privado, principalmente, gringo; todo ello, con la complicidad de los líderes sindicales charros del STPRM, bajo el liderazgo de Romero Deschamps cuya familia también se ha beneficiado con estos contratos discrecionales y, a quien se le atribuye el Pemexgate (un desvío millonario de fondos petroleros para la campaña de candidatos priístas en 2000).

Pero los saldos de la corrupción son más notorios en la deuda de PEMEX la cual en 10 años se ha disparado en 246%, llegando a la cifra de 2 billones de pesos hasta el año pasado, equivalente al 14% del PIB. Ello aunado a que, en el contexto de la baja en los precios del petróleo y de la aprobación de la reforma energética, en México la renta petrolera ha reducido a menos de la mitad su peso en los ingresos presupuestales del Estado, pasando del 45% al 18%, reduciéndose el gasto social mientras se enriquece a unos cuantos pues un alto porcentaje se va al gasto corriente del sector público y a las obligaciones del servicio de la deuda; es decir, que el verdadero saqueo de Pemex se realiza desde el mismo Estado, para cubrir los millonarios gastos de la alta burocracia así como el enorme endeudamiento del gobierno.

Sin embargo, la “austeridad” del nuevo gobierno se ha traducido en despidos masivos de trabajadores precarizados de diversas dependencia gubernamentales sin que hasta la fecha se hayan tocado sustancialmente los privilegios de los altos funcionarios (sobre todo, con los amparos interpuestos por la SCJN, el INE, etc.) y, asimismo, en vez cancelar el pago de la deuda externa (a donde se va el mayor porcentaje de los ingresos de Pemex), el actual gobierno ha dicho que cumplirá puntualmente con sus obligaciones; mientras que, los ingresos faltantes los extraerá del pueblo pues ya ha anunciado una reforma al régimen de ahorros y jubilaciones de los trabajadores (que incluirá aumentar las aportaciones así como la edad de retiro).

No obstante, aún con esta deuda, PEMEX continúa siendo altamente rentable (en escala internacional ocupa el décimo lugar) y, por ello, tan codiciada por lo que todos estos parásitos la han desfondado, provocando problemas financieros a esta industria estratégica y afectando a la mayoría de los trabajadores mexicanos que, por encima de eso, mantenemos a estos miserables. Por eso, debemos exigir que el actual gobierno de Obrador encarcele tanto a Romero Deschamps como a todos los funcionarios y empresarios corruptos, e incautar sus bienes para beneficio del pueblo. Asimismo, debemos exigir la reducción de los salarios de altos funcionarios al ingreso promedio de un trabajador y la cancelación de la deuda pública, destinando esos recursos millonarios en inversión productiva y servicios básicos para la población.

La estrategia de guerra al huachicol: ¿cuáles son los verdaderos objetivos de AMLO?

El crimen organizado ha sido un cáncer que del tráfico de drogas, armas y personas ha extendido sus mercados y territorio hacia el negocio de la venta ilegal de combustible a través del robo, transporte y abasto del mismo a empresarios. Todos los involucrados se han beneficiado de la corrupción, impunidad y complicidad de los gobiernos estatales y federales, que desde hace décadas han venido adueñándose paulatinamente de Pemex (ya sea por vía legal o ilegal) en beneficio de una oligarquía criminal y parasitaria.

Así, el “huachicoleo” se ha convertido en una fuente de ingresos en la que se hayan vinculados funcionarios (empezando por los presidentes de la República y secretarios ligados al sector energético, hacendario y económico), trabajadores del sindicato petrolero (que participan en el manejo de pipas), empresarios nacionales e internacionales (gasolineros, transportistas y abastecedores quienes compran ilegalmente el recurso energético) y cárteles del crimen organizado (no sólo nacional sino transnacional). Asimismo, existen comunidades enteras que en diversos poblados, localidades, municipios y entidades se dedican exclusivamente al mercado negro de la gasolina y otros combustibles ante la falta de oportunidades y el empobrecimiento al que las han sometido los diferentes gobiernos.

Frente a ello, la estrategia de Obrador ha incluido el cierre de ductos, la militarización de instalaciones de PEMEX, despliegues policiacos alrededor de las gasolineras y una gran campaña mediática en la que se han resaltado los  “logros” en cuanto a las cantidades de dinero ahorradas por el Estado y los apoyos económicos a municipios donde reina el huachicoleo, pero prevalece el silencio sobre datos concretos que permitan evaluar el proceder del gobierno. Los resultados, hasta ahora: por un lado, ningún alto funcionario, empresario o dirigente sindical encarcelado por estar involucrado en el mercado negro del combustible (a pesar de que se han abierto alrededor de 1700 carpetas de investigación) y, por otro, una terrible explosión en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo con 91 fallecidos y 54 heridos, así como personas del mismo poblado encontradas asesinadas como producto de las disputas entre cárteles huachicoleros por controlar los ductos.

En medio de una violencia exacerbada en México, provocada por el narcotráfico y la militarización del país, que dolorosamente ha exponenciado los feminicidios, desaparecidos y asesinatos, la estrategia de AMLO nos recuerda a la guerra de Calderón contra el narcotráfico como golpes mediáticos con el despliegue del ejército, mientras pacta con los ladrones de cuello blanco involucrados y se enfila contra los criminales operadores de más bajo rango, más que una campaña seria y estratégica para acabar realmente con el crimen organizado, y cuyas consecuencias, han sido brutales para la mayoría de la población. 

Entonces, los saldos han sido más negativos que positivos para la población mexicana. Mientras que en la cárcel no hay ni un solo líder huachicolero ni alto funcionario corrupto, el desabasto de combustible ha afectado a la población tanto por su escasez como por el incremento de precios a otras mercancías, más los cerca de 100 hidalguenses calcinados, que apenas son el primer signo de los “daños colaterales” que arrojará continuar por esta vía. Frente a esta complejidad del problema, las medidas efectistas y los programas asistencialistas de Obrador resultan inmediatistas pues no van a tener un resultado sustancial y al largo plazo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades sino que es necesario desarrollar un plan público de inversión productiva en la industria, el campo y los servicios que reactive la economía y genere empleos, para que esta población tenga una alternativa viable de sustento fuera del huachicoleo.

Por lo anterior, es natural preguntarnos, ¿por qué Obrador escogió entre todos los males, el combate al huachicoleo, en particular?, ¿cuál son los fines que persigue? Obrador en su doble discurso, recientemente ha incitado a los mexicanos a un patrioterismo maniqueo para respaldar su combate contra el huachicoleo, pero ha optado por medidas que sólo afectan a los más bajos escalones del crimen organizado y no a los ladrones de cuello blanco que, tanto por vía legal como ilegal, saquean Pemex, siendo que, según la periodista A. Lilia Pérez, los métodos de robo no solo incluyen el “picadero” de ductos, sino, la transportación en buques “piratas” que llegan al Golfo de México a cargar, vía por la cual se realiza el mayor porcentaje del robo de combustible. Estas operaciones requieren una amplia estructura logística y financiera; entonces, ¿por qué se centró la estrategia en el cierre ductos en vez de combatir el robo de combustible en ultramar y establecer una estrategia de inteligencia para desbaratar estos grupos criminales desde las cúpulas y confiscando como bien público sus cuentas bancarias?

Además, si AMLO realmente quiere salvar a PEMEX para el pueblo ¿por qué respeta las concesiones hechas con base en pactos de corrupción y deja sectores importantes de esta industria estratégica en manos de las compañías extranjeras? Siendo que los saldos de la privatización son terribles para nuestro país, con la pérdida de soberanía energética que nos ha dejado a merced de las empresas extranjeras y los altos costos en los precios de la gasolina (por la liberación de precios), por lo que resulta absurdo que, siendo un país petrolero, ¡compremos al extranjero  7 de cada 10 litros que consumimos!

Lo fundamental para responder estas preguntas se encuentra en el hecho de que, sabiendo que le entregan un país en ruinas, Obrador necesita una base económica y un aliado fuerte con los cuales afianzarse en el poder. Por lo cual, el objetivo de la guerra de AMLO contra el huachicoleo, no es acabar con la corrupción y con el robo a PEMEX, en el fondo, es tomar el control de la paraestatal para beneficiar al sector de la burguesía que representa así como al Ejército, tal cual lo vimos en la toma de instalaciones y su encargo para elegir a los nuevos transportistas de pipas, ¡sin intermediación de licitaciones públicas, dejándolo bajo administración militar!; asimismo, necesita sustentar su paquete económico y hacerse de fondos para los programas sociales que ha prometido.

Para ello, busca desplazar a la vieja mafia criminal que actualmente controla PEMEX, pero lo está haciendo buscando negociar con ellos, por eso es que no da nombres ni rostros de los principales responsables. Sin embargo, la mafia actual no dejará tan fácil el control de PEMEX, por lo que, Obrador se verá forzado a encarcelar a algunos “chivos expiatorios”; así, Obrador ya señaló a León Trauwitz, militar ligado a EPN y encargado de la seguridad de Pemex pero, en el caso de Romero Deschamps, líder priísta del sindicato petrolero, ha dicho que no puede actuar judicialmente contra él al carecer de denuncias y pruebas.

Por lo tanto, el actual combate al robo de combustible es una pugna entre sectores de la burguesía (incluidas las mafias criminales) por la gallina de los huevos de oro, pues Pemex representa la empresa más rentable del país, y por ende, un punto neurálgico del Estado. Al respecto, hay que recordar que  la disputa por las empresas de hidrocarburos ha estado en el centro de las pugnas entre los recientes gobiernos populistas y las viejas oligarquías reaccionarias en Latinoamérica como en Brasil con Petrobras y en Venezuela con PDVSA. Pero, aunque Obrador ostente sus 30 millones de votos que lo llevaron al poder, como teme movilizar a la gente para no ser rebasado por izquierda, su estrategia para combatir el robo de combustible ha sido burocrático-militar; es decir, prefiere sostenerse en la burocracia y en las fuerzas armadas antes que siquiera pensar en apoyarse en las masas para solucionar de fondo las problemáticas del país, con lo cual muestra su carácter burgués con rasgos bonapartistas.

Pero, en contraparte, la gran campaña mediática del gobierno de AMLO le permitió subir nuevamente su popularidad entre la población y provocar una opinión pública a favor de su gobierno, a pesar de la polarización por temas como el NAICM o el Tren Maya, lo que le ha servido, principalmente, para avanzar en sus planes antipopulares que ni siquiera han encontrado suficiente eco entre sus simpatizantes como su plan de seguridad que incluye continuar con la militarización del país por vía de la Guardia Nacional la cual busca legitimar, empero, no ha podido aprobarse como Obrador quería ante la oposición de diversas fuerzas políticas y organizaciones sociales así como miembros de su propio partido, MORENA.

Por una política independiente y revolucionaria para recuperar PEMEX

No se va a acabar con la problemática del huachicoleo por vía burocrático-militar como pretende AMLO, sino por vía de la movilización y organización independiente de los petroleros así como otros sectores de la clase obrera y las masas populares. Debemos retomar experiencias históricas como la de los petroleros que en la década de los treinta lograron la nacionalización de PEMEX, así como las más recientes de los pueblos organizados en sistemas comunitarios de seguridad para hacer frente al crimen organizado y a la violencia de Estado.

Las pugnas entre facciones burguesas, abren oportunidades por donde se puede allanar el terreno para la organización independiente y democrática de los trabajadores petroleros, buscando barrer al charrismo sindical priísta, la mafia criminal enquistada en la paraestatal y al capital privado transnacional, para convertir a PEMEX en una industria puesta en beneficio de la clase trabajadora y los sectores populares del campo y la ciudad.

Por ello, como Agrupación de Lucha Socialista llamamos a la construcción de un referente político nacional capaz de luchar por la construcción de un verdadero Gobierno de los Trabajadores y del pueblo cuya tarea fundamental sea la re-nacionalización de la industria energética y los demás ramos estratégicos de nuestra economía, bajo control de los trabajadores, pues sin ello resulta estéril y falsa toda estrategia de combate al saqueo de Pemex, ni hablar de una Programa por recuperar la soberanía energética y económica de México.

¡Abrogación de la Reforma Energética!

¡Re-Nacionalización de PEMEX y otras industrias estratégicas!

¡Por la independencia política y democratización del sindicato petrolero!

¡Cárcel y expropiación a funcionarios y empresarios corruptos!

¡Conformación de comités populares de abastecimiento!

¡Por un gobierno obrero, campesino y popular!

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