El triunfo electoral de Obrador, constituye un equilibrio de fuerzas situado entre la presión del ascenso de las masas en lucha que replegaron (pero no han derrotado) a los partidos de derecha del régimen y, en contraparte, un pacto de estabilidad y continuidad establecido por la presente administración y el próximo gobierno. Ello ha provocado que, desde el pasado 1 de julio, nos encontremos en una situación política inédita en la historia reciente del país, ya que actualmente existen en México, dentro de un mismo régimen institucional, dos gobiernos: uno formal, pero que se ha difuminado hasta prácticamente desaparecer de la escena pública, y otro virtual pero que, desde antes de tomar posesión, en los hechos ya ha asumido la gestión efectiva de los temas más importantes de la agenda gubernamental.

En esta situación, se han dividido claramente funciones entre la administración de Peña que, antes de salir, está intentando finiquitar aceleradamente proyectos y negocios pactados al mediano y largo plazo con los inversores nacionales y extranjeros (como la renegociación del TLCAN), allanando así el terreno para la continuidad del modelo económico y político neoliberal -independientemente del partido que encabece el poder ejecutivo o tenga mayoría legislativa-; mientras que el gabinete encabezado por AMLO, además de plantear que respetará dichos proyectos y negocios, (aplicando mecanismos para legitimar su ejecución a través de ejercicios manipulados de “consulta ciudadana”), está interviniendo de lleno en la definición de los temas torales a ser tratados por el Gobierno, sobre todo desde el 1ro de septiembre en que los legisladores de MORENA ya son mayoría en el Congreso (a la cual se sumaron los congresistas del Verde Ecologista a cambio de negociar el retorno del priísta Manuel Velasco al gobierno de Chiapas).

Esto ha propiciado que, al igual que sucedió con Peña Nieto, quien fue impugnado a lo largo de 2012 por grandes movilizaciones de rechazo desde antes de tomar posesión como Presidente, en la actualidad, aun sin haber asumido formalmente el gobierno, Obrador también está siendo presionado por segmentos de la población y del movimiento social que votaron por él, para que no se desentienda del cúmulo de demandas que diversos sectores sociales le han planteado. Así, la transición pactada entre el actual Gobierno y el próximo a ocupar Los Pinos, no ha sido tan tersa como esperaban pues, a pesar de que amplias capas de la población que votaron por AMLO (con una expectativa de cambio o, por lo menos, de un alivio momentáneo) están brindando cierto margen de confianza al próximo gobierno obradorista, empero, desde los primeros días en que se confirmó su triunfo electoral, diversos referentes han venido presionando de distintas formas al virtual gobierno electo, yendo directamente a manifestarse a su casa de transición y exigirle que no se desdiga de sus promesas, que se reúna con ellos y escuche sus demandas, así como lo ha hecho con empresarios y representantes de gobiernos extranjeros (como el de Trump).

Tal ha sido el caso de referentes como las comunidades afectadas por la construcción del NAICM, secciones del magisterio disidente, familiares de víctimas de la inseguridad, usuarios de la energía eléctrica y otros servicios básicos, sectores campesinos y de trabajadores, etc.; mientras que, paralelamente, otros referentes se han mantenido organizados y movilizados de manera independiente, al margen de la búsqueda de un diálogo con Obrador e, incluso, han surgido procesos emergentes de movilización como el estudiantado que, sin interpelar directamente al gobierno entrante, han puesto sobre la mesa la demanda de solución a viejas problemáticas como la violencia, la inseguridad y la antidemocracia prevaleciente tanto al interior de las Universidades como en los distintos ámbitos de la sociedad y en diversas regiones del país.

Lo anterior se debe a que a lo largo del sexenio y, sobre todo, a raíz de la constitución de MORENA como partido político, Obrador se dedicó a intentar contener y capitalizar electoralmente toda la serie ininterrumpida de conflictos y movilizaciones que sacudieron la administración de Peña Nieto; llamando a la calma al pueblo ante cada medida reaccionaria aplicada por el régimen (como las Reformas Estructurales, la Ley de Seguridad Interior, etc.) y pidiendo esperar a cobrarle la factura por vía electoral, pues prometió que una vez llegado al poder, dejaría sin efecto dichas iniciativas. No obstante, esas promesas de justicia y bienestar se contraponen a los acuerdos que AMLO también generó con el empresariado, prometiendoles continuidad en los negocios, y con las otras fuerzas del régimen para garantizar impunidad a funcionarios corruptos y represores. Con su política de reconciliación AMLO pretende mediar entre la espada voraz del Estado capitalista y el muro combativo de la resistencia popular, lo cual ya comienza a hacer agua y estallará al mediano plazo.

Así, mientras que diferentes sectores del pueblo buscaron con su voto desplazar a los partidos de derecha, en cambio, Obrador ha roto ese pacto tácito suscrito con sus votantes, pues desde su campaña incorporó candidaturas con personajes de esos mismos partidos traidores y, una vez electo, ha modificado completamente varias de sus promesas de campaña por las cuales más de 30 millones de electores votaron por él. AMLO se muestra así como fiel representante de la Burguesía, que respetará los acuerdos ya pactados con los empresarios así como los proyectos de sexenios anteriores que, debido al rechazo popular, no habían podido concretarse o avanzar al ritmo que quería el capital. Pero ahora, con la legitimidad obtenida por Obrador, la apuesta del régimen es acelerar la ejecución de dichas iniciativas e, incluso, que se logren aprobar e implementar una nueva ola de reformas (como en Pensiones, Salud, Aguas, Biodiversidad, etc.), además de que se profundicen procesos ya existentes como la militarización, la privatización de empresas y servicios, los proyectos de despojo, etc. Es decir, que la supuesta izquierda institucional logre aplicar en su totalidad las medidas que la derecha dejó a medias.

Vemos entonces cómo AMLO ya ha comenzado a desdecirse en temas tales como la Reforma Energética a la cual el próximo encargado de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que no se le modificará ni una coma, mientras que AMLO y su equipo han planteado que se respetarán todas las licitaciones ya suscritas por el Gobierno mexicano con empresas del ramo energético. Igual sucede con la Reforma Educativa, respecto a la cual Obrador ha emprendido una serie de Foros estatales con distintas secciones del magisterio, pretendiendo mostrarse democrático y dispuesto a escuchar las propuestas docentes mientras, al mismo tiempo, su próximo Secretario de Educación señala que no se cancelará la evaluación ni se pondrá en tela de juicio el Nuevo Modelo Educativo; lo cual se aúna a la liberación de Esther Gordillo, ex-dirigente charra del SNTE, que ahora busca re-posicionarse al interior del sindicato a través de acuerdos cupulares con las fuerzas obradoristas al interior del gremio docente.

Pero hay varios temas más en los que Obrador se ha echado para atrás respecto a las demandas del pueblo (llegando a decir que, debido a la situación económica del país, no podrá cumplir con gran parte de las exigencias). Por ejemplo, en el lacerante problema de la inseguridad y la estrategia de combate al crimen organizado aplicada en los anteriores sexenios y que será continuada por AMLO, quien recientemente señaló que el Ejército continuará en las calles (e, incluso, sumará 50 mil jóvenes a las Fuerzas Armadas). Igual pasa con respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto pues de haber planteado que era costoso e innecesario, ahora habla de que podría ser viable si se hace con inversión privada o, en su defecto, un Plan B para edificarlo en la base militar de Santa Lucía, “decidiéndose” su realización a través de una “consulta”; mecanismo, por demás, violatorio de los derechos de las comunidades campesinas y los pueblos originarios que habitan la región.

Todas estas afirmaciones y medidas realizadas por AMLO y su gabinete, ya han provocado que su imagen frente el pueblo comience a verse deteriorada y que su virtual gobierno, desde antes de comenzar formalmente, ya presente un cierto desgaste debido a la desilusión que están comenzando a manifestar aquellos que tenían confianza en una “cuarta transformación”, que cada vez se asemeja a más de lo mismo. Entonces, no tiene nada de sorprendente la reacción del magisterio guerrerense tomando la tribuna del Foro Educativo estatal organizado por el equipo de AMLO con los charros y del cual se excluyó sistemáticamente al magisterio disidente; o que el gabinete de Obrador se viera obligado a cancelar los Foros de Pacificación con familiares de víctimas de la violencia argumentando falta de “condiciones” para su realización, pues se han topado con el cuestionamiento de las familias en repudio a la política de reconciliación/impunidad de Obrador y en rechazo a que continúe con la estrategia de seguridad que ha costado cientos de miles de asesinados, desaparecidos y desplazados.

Desde los referentes del movimiento social y la izquierda independiente, debemos estar preparados para el período que se abre con el nuevo gobierno, tanto para enfrentar la continuación de los ataques a los derechos y conquistas del pueblo trabajador como para posibles escenarios de inestabilidad política que sobrevengan al resquebrajarse el dique que, con el triunfo de Obrador, hasta ahora ha contenido el ascenso de la lucha popular. De cara a esa perspectiva es que urge la articulación desde abajo, sin oportunismos ni sectarismos, de los distintos procesos de resistencia así como avanzar en la unificación de todas las fuerzas revolucionarias en un referente político nacional capaz de luchar por construir un verdadero Gobierno de los Trabajadores del campo y la ciudad.

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