Las personas que integramos las diferentes organizaciones, que desde diferentes espacios hemos apoyado las luchas en la defensa del territorio y los recursos naturales, manifestamos nuestro rechazo a las políticas de despojo que el Estado mexicano ha venido implementando en las últimas décadas; particularmente, las medidas gubernamentales tendientes a poner a disposición del capital, nacional y extranjero, los recursos hídricos de nuestra nación, lo que propiciaría su sobreexplotación y contaminación así como su encarecimiento, sin detenerse ante las graves afectaciones que ello provoca hacia el ecosistema y hacia la población.

Hoy se habla de una escasez del agua en todo el mundo y de bancos que promueven su venta como el gran negocio del siglo XXI. Según datos de la ONU en el mundo hay más de 2 mil millones de personas que todavía no tienen acceso a agua salubre, pese a que es considerado, irónicamente, un derecho humano. Las cosas no serán mejores en el futuro, ya que la población crecerá y la demanda del agua aumentará en los próximos años. En México se elevó a rango constitucional el derecho al agua desde 2012, sin embargo, desde antes se han aprobado una serie de reformas constitucionales e iniciativas de Ley, con el fin de permitir una más amplia participación del capital privado en la explotación y comercialización del vital líquido.
Actualmente en la Ciudad de México hay zonas sin agua potable, como en Iztapalapa y otras delegaciones de la capital, donde la gente ha salido a bloquear avenidas en protesta; mientras que en Coyoacán las inmobiliarias desperdician el agua de los manantiales de los Pedregales, como ha ocurrido en Aztecas #215, donde se organizó la comunidad para impedir las obras de construcción. En el Estado de México la cobertura de agua potable es intermitente y de mala calidad. Un día se tiene agua y otro no. El líquido está contaminado, por lo que muchas personas beben agua embotellada, lo cual se traduce en un gran negocio para las empresas refresqueras.

En la zona Norte del país hay poca agua, la agricultura está sufriendo por la escasez debido a que las corporaciones trasnacionales como cerveceras, refresqueras y otras dedicadas a la agroindustria, buscan monopolizar el vital recurso a costa de las comunidades, como en el caso de Mexicali, Baja California, donde el pueblo se alzó en contra de la cervecera Constellation Brands. Igualmente, existen los grandes proyectos de infraestructura, como en Sonora, donde el pueblo yaqui se opone a la construcción del Acueducto Independencia.

También en el Sur y Este del país se vive este problema, hay regiones seriamente afectadas por los megaproyectos mineros y energéticos que consumen mucha agua y contaminan los pozos con sustancias químicas, como el caso de la comunidad de San José del progreso en Oaxaca, donde la gente padece la falta de agua para el riego de sus cultivos desde que se instaló la minera canadiense “Cuzcatlán”.

Anteriormente, la legislación mexicana mantenía “vedas” a la entrega de permisos de extracción en cuencas hidrológicas de aguas superficiales, pero el pasado 6 de junio el gobierno federal levantó estas vedas en la mitad de país. Si de por sí, se calcula que alrededor del 30% de la industria del agua está ya privatizada desde hace años pues Conagua ha delegado funciones de servicio a operadoras particulares –que se financian con dinero público- y, se han dado concesiones de zonas acuíferas o de volúmenes garantizados de agua a determinadas industrias a través de la conformación de Asociaciones Público-Privadas; ahora, aunque esta medida no privatiza los recursos hídricos directamente, busca poner las aguas superficiales a disposición del uso industrial y comercial, brindando “certeza jurídica” para que las empresas privadas (mineras, de hidrocarburos, turísticas e inmobiliarias) se apropien de una mayor proporción del agua utilizable, particularmente en zonas donde está prevista la actividad extractiva y energética, como las minas y el fracking.

Además, es importante señalar que el levantamiento de vedas pone en riesgo el equilibrio de ecosistemas enteros, ya que los cauces de los ríos podrían ser alterados; por otra parte, limitaría el recurso destinado al uso doméstico en zonas urbanas, que de por sí ya manifiestan fenómenos de escases; mientras que, en zonas rurales, se pasa por alto la obligada consulta a los pueblos indígenas y comunidades campesinas quienes por ley deben tener garantizado el uso y disfrute preferente del agua en sus territorios.

Por ello exigimos la inmediata y completa abrogación de los decretos realizados por el Gobierno Federal en materia de agua, así como de las reformas al artículo 27° constitucional en materia de hidrocarburos. Sin embargo, señalamos claramente que no será por vías legales como se podrá poner freno a estas medidas pues, si bien los amparos son importantes, no son la única vía sino, sobre todo, conformando comités y asambleas en cada barrio, colonia y comunidad para luchar por el acceso efectivo al agua y generando un gran movimiento nacional por articular las distintas resistencias en defensa del agua y demás recursos naturales, es como se podrán echar abajo las políticas de despojo implementadas por el Estado mexicano y pugnar por establecer una gestión soberana, planificada y democrática de nuestros recursos estratégicos.

¡Alto a la privatización del agua!, ¡Abajo las reformas estructurales!

¡Por un Frente Nacional en defensa del agua, de los recursos naturales y del territorio!

Agrupación de Lucha Socialista (ALS) 
Batucada Feminista Nadia Vera 
Colectivo Acción y Resistencia (CAR)
Colectivo Rebelión 
Coordinadora Nacional Estudiantil (CNE)
Comité de Apoyo a la CNTE
Grupo Multidisciplinario de Participación Inclusiva (GIPI) 
Mercado Orgánico “Nepantla” 
Mitocondria Colectivo 
Red de apoyo, Tultepec 
Tianguis Comunitario Mixteco
Trabajo Libertad y Autonomía                                                                                                Partido Obrero Socialista (POS)

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