Alexis Jovan

El estado de cosas en México guarda una estrecha relación con el contexto internacional. Por una parte, las rivalidades entre los distintos bloques imperialistas, que han propiciado una creciente guerra comercial y conflictos por ampliar sus zonas de influencia, han impactado en las relaciones de nuestro país con la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, cuyo gobierno ha buscado impulsar una serie de medidas económicas y en materia de seguridad regional como la renegociación del TLCAN, la elevación de aranceles, la presión por elevar el salario mínimo, la militarización de la frontera con México y la ampliación del muro fronterizo, entre otras, orientadas a: 1) negociar condiciones comerciales mucho más favorables para EUA, 2) impulsar a mayor profundidad los proyectos de despojo imperialista de las riquezas naturales del territorio, 3) garantizar la sobreexplotación de la mano de obra mexicana, tanto migrante como nacional y, 4) preparar un cinturón de protección militar en torno a Norteamérica ante la escalada de hostilidades bélicas entre las potencias mundiales.

La completa docilidad con que el Gobierno mexicano se ha alineado a los proyectos imperialistas de sus vecinos del norte, solamente maquillada con discursos patrioteros con los que el presidente pretende lavarse la cara respecto a la completa entrega que ha hecho de nuestro país, no solamente ha minado las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores y sectores populares de nuestro país sino que, asimismo, ha afectado los intereses de sectores de la burguesía mexicana que están más ligados a la prosperidad de la economía nacional, descontentos porque han visto mermar sus ganancias, su capacidad de inversión y sus posiciones en el mercado interno, debido a la tendencia extranjerizante de las políticas de privatización y entrega de concesiones al capital foráneo sobre empresas y servicios, bienes públicos y recursos naturales por parte del Estado mexicano.

Aunado a lo anterior, la implementación a sangre y fuego de las reformas estructurales ha propiciado no sólo un mayor empobrecimiento y precarización en las condiciones de vida de la población sino, asimismo, el incremento de la inseguridad y la violencia (sobre todo hacia la juventud y las mujeres) derivada del crimen organizado, así como la represión hacia la movilización popular centrada principalmente contra activistas y luchadores sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. Lo anterior, ha aumentado la inconformidad social y los niveles de impopularidad del régimen, cuyas instituciones y partidos políticos han caído en un pantano de ilegitimidad y falta de credibilidad entre la ciudadanía, generando un clima creciente de ingobernabilidad en el país que, ante la debacle de las tradicionales opciones partidistas, ha llevado a ciertos sectores empresariales y de la clase política en México a virar hacia la oposición populista-reformista representada por MORENA, buscando posicionar sus propios intereses cupulares y salvarse ante el quiebre del sistema político-electoral.

Así, con una burguesía dividida y con un régimen político débil, se perfila un escenario de gran inestabilidad política frente la coyuntura electoral en ciernes. Ya iniciado el período de campañas, a un par de meses para el día de elecciones, la burguesía aún no se decide unitariamente por un solo candidato que garantice una transición sin contratiempos así como la continuidad y profundización de los planes gubernamentales; ello no hace sino agudizar aún más las divisiones internas y las disputas entre los partidos por posicionarse como garantes de sus intereses. Hay un sector del régimen que busca imponer a toda costa a J. A. Meade, candidato del PRI, a pesar de la gran impopularidad que carga por los resultados de la administración de Peña Nieto; otro sector está volteando a ver a la coalición (PAN-PRD-MC) formada en torno a Ricardo Anaya, como una opción B que garantizaría continuidad y estabilidad sin un costo político tan alto; finalmente, la burguesía no descarta a AMLO, cada vez más volcado a derecha, como un chaleco salvavidas que podría desactivar la movilización social ante la marejada de descontento popular que pudiera sobrevenir en caso de que los resultados electorales no fuesen convincentes para el pueblo. La alta volatilidad de la situación actual es tal, que la propia burguesía no se anima a dar por descontadas sus opciones, al contrario, busca barajar con todas las posibilidades a su alcance sin amarrarse las manos, para intentar salir lo mejor librada de la difícil situación en  que se encuentra el régimen. No obstante, ello se torna cada vez más incierto pues sea cual sea la opción que resulte vencedora el 1ro de julio y cualquiera que sea el personaje que se siente en la silla presidencial el 1ro de diciembre, el próximo gobierno llegará muy deslegitimado por la alta abstención electoral que se espera, además de que estará obligado a aplicar los planes de reforma ya pactados con los grandes intereses nacionales y extranjeros, por lo que estará sometido a diversas presiones tanto desde arriba como desde abajo, externas e internas. En ese sentido se pueden vislumbrar tres escenarios posibles:

I.- Imponer por vía del fraude descarado a Meade lo cual sería insoportable para las masas (que ya han sufrido 6 años de vejaciones, saqueo y represión con Peña), provocando una inmediata reacción de protestas desde distintos sectores, organizados y no organizados, para lo cual recurrirían, como última carta, a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior como vía de restablecer el orden y avanzar con celeridad en la implantación de las reformas en puerta (Ley de Aguas, Salud, Pensiones, Biodiversidad, etc.). Sin embargo, el PRI viene de una situación de franco debacle y desprestigio por lo que parece ser la opción menos probable ya que acarrearía el mayor costo político para el régimen agudizando la volatilidad política de la coyuntura electoral y la crisis estructural del Estado. Para imponer dicha opción la burguesía tendría que modificar completamente la relación de fuerzas actual, lo que solo podría hacer fuera de los marcos de la democracia, es decir, por la vía de una salida violenta de grandes magnitudes, escenario que teme pues, más que contener, dicha opción podría desencadenar una movilización social de carácter revolucionario.

II.- Imponer, a través de una argucia institucional -como la declinación de alguno de los candidatos de la derecha- a Anaya que representa, por el momento, la opción más adecuada al equilibrio de fuerzas existente entre el régimen y el movimiento social, pues sería el más aceptable para un sector de las clases medias y altas esferas político-empresariales descontentas con el PRI pero que no optarían por AMLO; empero, a pesar de parecer la opción más viable, la magnitud de la crisis del régimen es tal que difícilmente una opción intermedia resultaría satisfactoria ni para la burguesía ni para las masas. En este escenario, si bien el período inmediato postelectoral no sería tan inestable, la resistencia popular iniciaría desde el primer día del nuevo gobierno, el cual sería sumamente débil, propiciando un ascenso del movimiento social aún mayor del que ya vimos durante el presente sexenio con Peña.

III.- En el caso de AMLO, las perspectivas que se abren son más complejas. Si como apuntan las encuestas, que le dan una ventaja sin precedentes en las últimas contiendas electorales, la burguesía nacional e internacional le permitiese arribar a la presidencia, sería bajo dos supuestos: 1) debido a que la dirigencia obradorista ya ha pactado con el régimen y se ha comprometido con los grandes intereses económicos (legales e ilegales), convirtiéndose en la opción natural para despresurizar la situación política y profundizar las reformas (aunque de manera velada) contra el pueblo –como el caso del PT de Lula en Brasil, que llegó por vía electoral; 2) como producto de un fuerte ascenso de la lucha de clases y una grave crisis del régimen, fungiendo como colchón amortiguador para contener la movilización y restablecer el orden institucional –como el MAS de Evo Morales en Bolivia, que llegó tras un proceso insurreccional desviado por vía de una Asamblea Constituyente.

Bajo el primer supuesto, AMLO quedaría completamente imposibilitado para gobernar debido a las alianzas establecidas con la derecha y los pactos con los poderes fácticos que le cobrarán caro su apoyo, porque los demás partidos -desde el Congreso y las gubernaturas- se opondrán sistemáticamente a toda tentativa por trastocar los intereses y proyectos estratégicos de la burguesía en México y, porque le tocaría enfrentar una difícil situación económica que arrojaría saldos muy negativos para su administración; presenciaríamos un gobierno gris, cimentado en el uso clientelar de programas sociales, pero sin ninguna iniciativa efectiva de gran relevancia, por lo que en 2024 AMLO terminaría su administración causando gran decepción en las esperanzas de sus simpatizantes, cayendo lentamente en la misma situación de descrédito en  la que se encuentran los demás partidos del régimen.

Bajo el segundo supuesto, AMLO llegaría con gran legitimidad que le brindaría posibilidades de maniobra para impulsar cambios apoyándose en la organización y movilización de los distintos sectores de las masas populares, que estarían presionando por ver hechas realidad sus demandas históricas. Sin embargo, AMLO ha demostrado hasta el cansancio su indisposición para llamar de forma decidida al pueblo a movilizarse para echar abajo todas las reformas y medidas entreguistas del régimen; entonces, debido a que los sectores que votarán por AMLO le exigirán que cumpla lo que ha prometido durante años, sería muy probable que, tras un par de años de borrachera popular debido al triunfo electoral, las masas comenzarían a movilizarse de manera independiente por sus propias reivindicaciones a pesar e, incluso, en contra del gobierno obradorista, ante las primeras medidas antipopulares que comenzara a implementar. Todavía hace  falta indagar, ¿qué ocurriría en caso de que un posible fraude desencadene un proceso de protestas a nivel nacional?

En esta situación, la estrategia que siga la dirigencia obradorista y la reacción que tengan las bases de MORENA, por un lado y, por otro, la actitud que adopten los demás referentes del movimiento social y de la izquierda independiente (CNTE, padres de Ayotzinapa, CNI-EZLN, Centrales sindicales, etc.), serán fundamentales. Si AMLO sufre fraude y llama a resistir pacíficamente (como en 2006), tendría mayores probabilidades de administrar el conflicto y mantenerlo dentro de cauces institucionales, lo que le permitiría negociar con el régimen y capitalizarlo electoralmente posicionándose como segunda fuerza partidista en el Congreso y gubernaturas pero, también, lo llevará a un lento e inevitable desgaste político, como oposición leal que se integrará completamente como un sostén del régimen, parecida a la trayectoria seguida por el PRD, pero más acelerada. Si, al contrario, no se moviliza contra el fraude (como en 2012) muy probablemente quedará rebasado por la movilización de las masas, en cuyo caso es previsible una fuerte crisis al interior de MORENA, debido a que la presión de sus bases por hacer valer su voto se encontraría con el freno de su dirigencia lo cual, podría generar un estallido ya sea en los días inmediatos al 1ro de julio, o, en el interludio hacia el cambio de administración el 1ro de diciembre.

Frente a todos esos posibles escenarios, es imprescindible impulsar el nivel de conciencia y organización del pueblo, con la conformación de comités populares en cada barrio, colonia, poblado, escuela y centro de trabajo articulados en un Frente Nacional de Lucha que unifique los diferentes procesos de resistencia, con base en un programa político discutido democráticamente y que recoja las demandas más sentidas de cada sector del pueblo mexicano. Asimismo, para las organizaciones y colectivos de izquierda independiente, se torna imprescindible avanzar en la discusión y acción conjunta para intervenir mancomunadamente en la coyuntura que se perfila, por lo que hacemos un llamado a generar espacios de acercamiento político que permitan un proceso de coordinación que avance hacia la unificación de nuestras fuerzas sobre la base de una táctica, un programa y métodos de trabajo concretos, discutidos y elaborados de manera colectiva, con el ánimo de constituir un referente organizativo con un peso real en las movilizaciones sociales.

Ante el período tan álgido de la lucha de clases que se avecina en nuestro país, se torna imprescindible la construcción de un partido socialista de los trabajadores del campo y la ciudad, con un carácter revolucionario y combativo, que se ponga en la primera fila de las luchas de nuestro pueblo.

 

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