Meztli Roja

Como Agrupación de Lucha Socialista apoyamos la conformación del CIG como un referente amplio capaz de aglutinar las luchas que están dando nuestros pueblos originarios contra los megaproyectos, el paramilitarismo y la discriminación racista. Asimismo, aunque sabíamos que era muy probable que no se lograran juntar las firmas, no solo por los obstáculos del INE sino por el ataque permanente sobre las comunidades así como el desgaste en que se encuentra el movimiento zapatista tras más de 3 décadas en resistencia; aún con ello, decidimos apoyar la precandidatura de Marichuy porque es ella una genuina representante de los sectores más oprimidos de esta sociedad y porque consideramos correcta la iniciativa del CIG en la actual situación de crisis política que atraviesa el régimen político mexicano.

Lo anterior, no nos exime sino al contrario, nos obliga a señalar los desaciertos que tuvimos en el proceso, como una manera de abonar al debate abierto y que, con ello, seamos capaces de empujar con mayor ahínco el proceso de articulación y lucha para la etapa en que ahora nos encontramos. Partiendo de lo anterior, podemos mencionar algunas valoraciones críticas al respecto:

Un primer punto radica en que, observamos, no se participó en movilizaciones emergentes como lo fue el gasolinazo, las protestas contra la Ley de Seguridad Interior o la gran experiencia de autoorganización del pueblo solidario ante los sismos de 2017 lo cual, si se hubiera sabido articular desde la propuesta del CIG, habría redundado en un acercamiento con distintos sectores en lucha como los damnificados, entre otros, quienes se hubieran sumado de manera masiva y entusiasta a la campaña.

Lo anterior propició que la propuesta del CIG tuviera poca capacidad de convocatoria en comparación a otros procesos impulsados con anterioridad como la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia de 1995, la marcha del Color de la Tierra en 2001 o La Otra Campaña en 2006. Sobre todo, entre los sectores más oprimidos y explotados de la clase obrera, campesina y popular, a quienes el llamado del CIG no llegó o en muchos sentidos fue incomprensible debido a que no vieron reflejadas sus necesidades, demandas y aspiraciones concretas, pues la campaña se centró en la figura de Marichuy más que en la discusión y construcción de un referente organizativo con un programa que recogiera las reivindicaciones más sentidas de la población.

Por otro lado, como autocrítica, debemos partir del hecho de que no se lograron juntar las firmas, no solo por las restricciones y artilugios del régimen, sino por falta de preparación y organización de quienes operamos la campaña aún teniendo más de un año para ello (desde octubre de 2016 a febrero de 2018); a lo cual, se sumó la descoordinación entre el CIG y sus redes de apoyo debido, sobre todo, a que no se generaron espacios amplios y unitarios (encuentros, asambleas, etc.) abiertos a la participación directa de quienes apoyaron la campaña, para escuchar sus propuestas, críticas, sugerencias y análisis. Ello se hace hasta después de concluida la fase de recolecta de firmas lo que, aunque quizá tarde, es un elemento positivo que puede enriquecer el camino que queda por andar.

No obstante, a pesar de que para varios simpatizantes parecía más un objetivo simbólico, desde nuestra perspectiva, el no haber conseguido las firmas  constituyó un serio revés pues de haberlo logrado hubiese dado un mayor impacto al proceso pues se habrían podido utilizar los propios medios de comunicación masiva, debates electorales y otras instancias para que la visibilización de las luchas y demandas indígenas así como la denuncia a la antidemocracia del régimen hubieran tenido más amplia resonancia; pero, sobre todo, el proceso de organización -que efectivamente era el más importante- perdió el impulso que iba ganando, más cuando no se previó un plan alternativo por si no se juntaban las firmas, sino que prevaleció el silencio y desconcierto, provocando desánimo en los simpatizantes y en la población que logró conocer y acercarse a la campaña.

Entonces, consideramos que uno de los principales déficits fue la construcción de un referente organizativo, pues si bien se sentaron bases con las redes de apoyo que se conformaron en distintos estados de la República, sin embargo, creemos que para que ello avance y se consolide de manera más orgánica, es necesario ahora concentrar todos los esfuerzos en ese sentido definiendo objetivos programáticos más claros, propuestas de organización más concretas y formas de articulación efectiva con las diferentes movilizaciones y luchas ya existentes así como las que vendrán en torno a la presente coyuntura.

Pero, a pesar de las fallas políticas y organizativas, dentro de los logros se consiguió visibilizar la situación y lucha de los pueblos originarios que no son retomadas por ningún candidato registrado. Y la conformación del Consejo Indígena de Gobierno que hay que seguir apoyando para que crezca y se consolide. Además, podemos decir dignamente que la campaña del CIG y Marichuy es la única que se llevó a cabo de manera honesta, logrando recaudar casi 300 mil firmas legítimas a través de la participación activa, consciente y voluntaria de miles de simpatizantes, al contrario de Margarita Zavala y El Bronco, quienes consiguieron su registro falsificando firmas, condicionando a los trabajadores a firmar a riesgo de perder sus empleos, usando el aparato de los partidos a los que pertenecían y lucrando con la pobreza de la población a través de medidas clientelares.

Esto pone nítidamente en evidencia la antidemocracia del régimen, con políticas clasistas y racistas como lo fue la imposición de tecnologías que favorecen a unos cuantos, sin olvidar el derroche del dinero del pueblo en las campañas con posturas encaminadas a beneficiar intereses particulares y  mantener los privilegios de los poderosos. Lo cual deja en claro que los partidos e instituciones del régimen no están dispuestos a dejar que el pueblo se gobierne y tome en sus manos su propio destino, sino que, en México la democracia es una falacia controlada por los poderes fácticos (empresariales, mediáticos, criminales, etc.), por lo que no debemos fincar esperanzas de cambio a través de las elecciones e instituciones.

Finalmente, ante el contexto nacional en el que nos situamos no se puede ser indiferente respecto a la coyuntura y los escenarios que se originarán en torno a las elecciones del 1° de julio, con los antecedentes de inestabilidad política y lucha popular que han habido en anteriores sexenios así como lo esfuerzos político-empresariales por seguir sosteniendo, a toda costa, este régimen corrupto, represivo y entreguista.

Ante las declaraciones por parte de la comandancia del EZLN, acerca de que respetarían y apoyarían si el CIG decidiera sumarse en apoyo a algún candidato, como ALS no estamos dispuestos a apoyar dicha coalición porque ningún partido oficial representa los intereses del pueblo, al contrario, como una manera de repudiar y denunciar al sistema político corrupto, creemos que lo más consecuente, incluso aunque no se hubiera logrado el registro de Marichuy, era haber llamado a votar por ella. Lo peor que podría hacer el EZLN sería guiñar el ojo hacia una posible coalición electoral con la izquierda institucional. Al contrario, la unidad debe darse en las calles, por lo que sería mucho más provechoso llamar a movilizarse a partir del 1° de julio, y convocar encuentros de los sectores en resistencia para impulsar la discusión de un programa que recoja sus demandas e impulse un frente nacional de lucha.

Si, por ejemplo, el CIG decidiera constituirse como partido, nosotros lo apoyaríamos planteando la necesaria construcción de un partido de izquierda, con un carácter nacional y un programa anticapitalista, que no esté centrado en el juego electorero sino que se ponga al frente de las luchas del pueblo y aglutine no sólo al sector indígena, sino al conjunto de los trabajadores del campo y la ciudad, bajo el objetivo de generalizar los procesos de Autogobiernos y sistemas de seguridad y justicia comunitarios, crear comités populares en las zonas rurales y urbanas que impulsen la lucha coyuntural y a largo plazo para constituirse como gobiernos populares, desconociendo a las instituciones y expulsando a los partidos a nivel local y nacional y articulando todos los autogobiernos en un Concejo Nacional de Gobierno.

Más allá de las decisiones que tome el CIG tras este periodo de reflexión, creemos que ellos, tienen la calidad moral y política para convocar a la conformación de un referente político nacional, como organismo para unificar las luchas y, frente a una posible crisis política en el país, llamar claramente al desconocimiento y disolución del INE y los partidos del régimen en pro de la construcción de un Consejo de Gobierno Nacional obrero, campesino, indígena y popular donde estén presentes los principales referentes de lucha, sindicatos, organizaciones y comités populares, como un organismo capaz de echar fuera al conjunto de la clase político-empresarial y construir un poder organizado por los de abajo y para los de abajo.

¡¡¡POR UN CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO OBRERO,

CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR¡¡¡

 

Anuncios