A. J.

Hace un mes, en medio de la oposición nacional por parte de artistas e intelectuales, grupos de derechos humanos y organizaciones sociales así como el rechazo internacional por la ONU y otros organismos, los legisladores aprobaron la Ley de Seguridad Interior (LSI) enviada por el presidente Peña Nieto, la cual dota al poder ejecutivo con la facultad para suspender garantías y hacer intervenir al Ejército ante “los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” (art. 7). La LSI viene a completar la Ley de Seguridad Nacional aprobada desde 2005 por Fox que ya disponía como amenazas: el terrorismo y la rebelión, entre otros riesgos que “pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional” (Cisen). Igualmente, esta ley viene a legalizar lo que ya venía sucediendo desde que inició la “guerra contra el narco”, es decir, la militarización del país y el uso de las fuerzas armadas con el pretexto del combate al crimen organizado.

Esta ley es anticonstitucional pues la Carta Magna establece que, en tiempo de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (art. 129); empero, el régimen reformó los códigos militares de justicia y de procedimientos penales con el fin de legalizar la intromisión de las fuerzas castrenses en asuntos civiles de persecución y castigo del delito así como labores de espionaje e inteligencia. Además, la LSI pretende saltarse los procedimientos de control establecidos en el artículo 29 constitucional para la suspensión de garantías, pues antes el presidente estaba obligado a obtener la autorización del Congreso y a fijar un tiempo limitado, lo cual ahora queda fuera.

La peculiaridad de esta Ley es que dota de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que pueda hacer uso discrecional de las fuerzas armadas en cualquier zona del país, sin contrapesos institucionales pues no requerirá de la anuencia del Congreso sino que el Presidente podrá actuar unilateralmente “sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” (artículo 6), la cual podrá extenderse geográfica y temporalmente de manera indefinida pues su vigencia podrá prorrogarse “mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó” (art. 15), decretando un estado de excepción permanente.

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Movilizaciones contra la Ley de Seguridad Interior en la CDMX

 

Significado político de la Ley de Seguridad Interior

La LSI tiene causales económicas, políticas y geoestratégicas. Por un lado, la militarización y paramilitarización del país ha avanzado paralelamente a los procesos de privatización y despojo hacia los pueblos y sus territorios como mecanismo inherente del modelo de acumulación capitalista. Ante la resistencia popular contra las políticas de ajuste y saqueo mandatadas por organismos internacionales que buscan acabar con las conquistas sociales del pueblo trabajador y entregar nuestros recursos hacia los capitales extranjeros, la LSI está diseñada para permitir un avance más acelerado, por vía de la fuerza, de los proyectos imperialistas.

Igualmente, la LSI responde a los intereses de los altos mandos castrenses que han exigido durante años la aprobación de una normatividad que legalice su actuar contra el pueblo con total impunidad sin que ello implique posteriores represalias mientras, por otra parte, buscan calmar a las filas dentro del Ejército, pues es cada vez más palpable el descontento y desgaste entre soldados rasos y autoridades de rango medio no solo por el choque contra el crimen organizado (en el que miles han perdido sus vidas, por lo que preferirían retornar a sus cuarteles) sino, sobre todo, por su contacto con sectores del pueblo que les han hecho frente para que salgan de sus comunidades y territorios (como ocurre continuamente en localidades donde existen retenes o bases militares). Todo ello ha venido minando paulatinamente la lealtad y disciplina entre las tropas por lo que hay sectores del régimen que les preocupa la contaminación de las fuerzas armadas ya sea por la infiltración del crimen organizado o por la influencia ideológica que pudieran ejercer las masa en lucha entre las filas del Ejército.

La LSI pretende ser, asimismo, una respuesta reaccionaria ante la creciente crisis de gobernabilidad que padece el régimen político mexicano, donde los marcos de la democracia-constitucional se tornan cada vez más insuficientes a la burguesía para continuar su dominación ante la falta de credibilidad de los partidos e instituciones y por la creciente polarización e inconformidad existente en el país. Esta ley no va dirigida contra los grandes capos del crimen organizado ni contra amenazas externas sino contra el pueblo, fundamentalmente contra: 1) las resistencias a los megaproyectos capitalistas y las acciones directas de masas en contra de las reformas estructurales; 2) contra los autogobiernos, policías comunitarias y otros gérmenes de doble poder y, en la presente coyuntura, 3) para disuadir cualquier tipo de insurgencia popular ante la previsible radicalización de las protestas poselectorales contra el posible fraude que se prepara.

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Comunitario de la CRAC-PC se defiende ante el intento del Ejército de desarmar a sus compañeros (rupturacolectiva.com)

Finalmente, la Ley de Seguridad Interior no solo tiene implicaciones nacionales sino internacionales; debido a ello, el Estado mexicano en connivencia con EUA, han conformado cuerpos conjuntos de operación militar (Comando Norte, 2002) y firmado pactos multilaterales de seguridad regional (ASPAN, 2005) a través de los cuales las fuerzas militares y navales de México se han supeditado a los intereses geoestratégicos de EUA por medio de programas de adiestramiento, financiamiento y equipamiento militar (Iniciativa Mérida, 2008) con los cuales México se vería obligado, debido a razones de seguridad regional, a intervenir en conflictos armados internacionales entablados por el imperialismo yanqui.

También han avanzado con la participación de agencias extranjeras (como la DEA) en aduanas y fronteras así como en la persecución al crimen organizado en territorio mexicano. Mientras EUA ha impulsado la construcción del muro fronterizo, el gobierno mexicano ha militarizado los puertos nacionales y conformó la Unidad de Protección Fronteriza; igualmente, Peña acaba de comprar 23 misiles y 6 torpedos a EUA (con un valor aproximado de 100 mdd) lo que constituye un negocio redondo para el imperialismo estadounidense que nos vende artefactos militares puestos a su servicio. Todo ello, no para combatir al crimen transfronterizo sino preparándose por posibles acontecimientos desestabilizadores que pongan en riesgo los intereses de las corporaciones norteamericanas en México.

¿Nos dirigimos hacia una dictadura militar?

Desde la ALS, afirmamos que no pues si bien el marxismo enseña que todo Estado, por más democrático que se presente, constituye una dictadura de las clases dominantes que monopolizan y ejercen los aparatos represivos, ideológicos y de gobierno contra el pueblo trabajador, sin embargo, a partir de las relaciones de fuerza existentes entre las clases sociales, el régimen institucional asume diversas formas en donde el Ejército adquiere un rol distinto si se trata de un régimen constitucional, militar, fascista, etc.

En el caso de México, durante los regímenes posrevolucionarios las Fuerzas Armadas tuvieron un papel primordial para pacificar al país y aplastar las revueltas militares impulsadas por caudillos regionales, incluso, el Ejército formó un sector dentro del PRI y de sus filas salieron los primeros presidentes. Con el paso a regímenes civiles, si bien las fuerzas armadas quedaron excluidas del aparato corporativo del PRI, empero, fueron utilizadas por el Estado para reprimir las luchas obreras y campesinas así como la movilización de diversos sectores populares (cuya expresión mayor fue la guerra sucia), pero no se hicieron cargo del gobierno, como ocurrió en otros países de Latinoamérica. Posteriormente, ante la transición política que abrió paso al régimen de partidos, los militares se replegaron como parte del declive del régimen presidencialista, transformándose de un actor con un peso decisivo, a un instrumento del régimen civil-partidista, objeto de negociación entre el Presidente y los poderes legislativo y judicial.

Con la alternancia sucedida en 2000, sufrió un cambio la estrategia de seguridad pues se se subordinó cada vez más a los intereses geoestratégicos norteamericanos mediante políticas de seguridad armonizadas internacionalmente conforme a las cuales el combate al crimen organizado y al narcotráfico se convirtieron en los blancos centrales, pero solo para favorecer un reacomodo entre los cárteles. A lo anterior, se aunó el proceso de deslegitimación provocado por el fraude electoral de 2006 con el que Calderón asumió el poder por lo que el régimen se vio necesitado de sacar a los soldados de sus cuarteles, dividiendo las tareas de represión en nuevos cuerpos policíacos (PF, Gendarmería, etc.) mientras a las Fuerzas Armadas se les encargó de la seguridad y el combate al crimen organizado; pero en vez de resolverse la crisis de inseguridad e ingobernabilidad provocada por la violencia, se ahondó.

En menos de una década, este modelo de seguridad hizo crisis de manera paralela a los “daños colaterales” provocados por la “guerra contra el narco”, causando fracturas al interior del régimen tanto entre las distintas facciones políticas como entre las Fuerzas Armadas y, sobre todo, generando gran descrédito institucional entre la población debido a la violación sistemática de las garantías individuales y los derechos humanos que vino acompañada con diversos instrumentos represivos que criminalizan la protesta social.

Así, se vinieron aprobando diversas leyes represivas como la Ley bala (que legalizaba el uso de armas de fuego contra manifestaciones), reformas al código de procedimientos penales y el protocolo de contención de multitudes en la CDMX, o la recién aprobada Ley mordaza que pretende censurar la difusión de información por redes sociales; medidas que tienen la intención de coartar las libertades civiles de reunión, asociación, expresión y manifestación de la población. En este contexto, la situación coyuntural que explica la aprobación de la LSI es que, de cara a los comicios presidenciales en puerta este año, la burguesía ya no confía en poder resolver su profunda crisis por vía de elecciones; por ello, el régimen prepara una salida de mano dura ante su complicada situación pero, sobre todo, ante la extensión e intensificación de las luchas populares que no han parado en todo el sexenio sino, al contrario, se han radicalizado e incorporado a nuevos sectores, poniendo entre dicho la estabilidad política necesaria para la realización del proceso electoral.

En la actualidad nos encontramos en una etapa marcada por la creciente debilidad y aislamiento del régimen político mexicano (tanto a nivel nacional como internacional) así como por una situación de polarización social y radicalización de la lucha popular, lo que impele urgentemente al Estado a preparar las condiciones políticas y jurídicas, para intentar hacer uso abierto del Ejército ya no sólo, ni principalmente, en labores de combate al crimen y tareas de seguridad nacional sino, ahora, volcándose cada vez más hacia la disuasión, contención y desarticulación de los procesos de organización social así como a la represión selectiva dirigida primordialmente contra la vanguardia del movimiento popular.

Es decir, conforme se agudiza la crisis del régimen, el Estado pretende aplicar leyes represivas para prevenirse ante la eventual emergencia de un estallido social. La pregunta es si tendrá la oportunidad de utilizar su fuerza en grandes proporciones debido al costo político que ello implicaría para el gobierno pero, sobre todo, debido al temor de que una represión de grandes magnitudes pueda desatar un proceso de movilización mucho más amplio y radicalizado por parte de la población, hecho que le preocupa no solo a la burguesía mexicana sino, asimismo, al imperialismo mundial, particularmente a EUA, pues un proceso revolucionario en tierras mexicanas podría extenderse hacia otros países latinoamericanos e influir en los más de 20 millones de connacionales migrantes que viven al norte del Río Bravo.

Entonces, el régimen se haya demasiado aislado y débil como para salir bien librado de un enfrentamiento serio contra el pueblo. Lo demuestra la Ley bala que se vio obligado a abrogar apenas la hubo usado así como la inviabilidad de aplicar masivamente la Ley mordaza; también, su fracasada iniciativa de conformar una Gendarmería Nacional que sustituyese al Ejército en el combate al crimen organizado así como su fallido intento por desarmar a las policías municipales para dar paso a la conformación de un Mando Único a cargo de los gobiernos estatales. Lo mismo sucede con la LSI pues, como las anteriores leyes, una cosa es que la aprueben y otra es que la logren implementar tal cual buscan hacerlo ya que, en las condiciones actuales, no resulta viable para el Estado apostar por una salida represiva de grandes magnitudes que pudiera generar un quiebre mayor del régimen, sino que esa sería su última carta, solo utilizable en caso de que las vías institucionales fallen.

¿Qué hacer ante la represión?

Desde la Agrupación de Lucha Socialista planteamos que una táctica marxista revolucionaria en la situación actual parte de la premisa de que, no se puede impedir la militarización del país y el establecimiento de un régimen con rasgos militaristas, por la vía de meter recursos legales, ni tampoco apelando a que los congresistas deroguen una ley que ellos mismos aprobaron. Este tipo de medidas solo se pueden echar abajo por vía de la movilización popular, apelando a la más amplia unidad de los sindicatos que se reclaman independientes, las organizaciones y movimientos sociales, los defensores de derechos humanos y asociaciones civiles, los partidos y organizaciones políticas que se reclaman democráticas, entre otros.

Desde esa perspectiva, aunque los choques violentos con las fuerzas armadas en ocasiones se tornan inevitables al llegar a un cierto grado de radicalización de las luchas populares, sin embargo, debemos de tomar en cuenta que para vencer al Ejército lo fundamental no es la confrontación directa (en condiciones desventajosas para el pueblo debido a la falta de preparación y carencia de armas) sino acciones que sirvan como métodos de agitación política entre las tropas con el fin de quebrar su moral y disposición de combate así como para buscar que una parte de sus filas se mantenga neutral o, inclusive, se pase al lado del pueblo al momento de sobrevenir una gran crisis política y voltee sus armas contra los explotadores.

Debemos exigir el regreso de los militares a sus cuarteles pero, también, encararlos ante cada intento de agresión contra el pueblo en lucha, en ese sentido, resultan de gran importancia las experiencias de diversos pueblos que han hecho frente a las fuerzas armadas, sin desplantes vanguardistas ni actitudes ultraizquierdistas sino de forma organizada y valerosa e, incluso, han tomado bajo su control -en algunas ocasiones con las armas en la mano- la protección de sus comunidades a partir de procesos democráticos de autoorganización como las autodefensas populares, las policías ciudadanas y otros sistemas de seguridad y justicia comunitarios establecidos en diversas regiones del país.

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V aniversario de la Policía Ciudadana Popular

Impulsemos procesos organizativos de base como comités de autodefensa y milicias populares desde nuestras colonias, barrios y pueblos para defendernos de la delincuencia y la violencia del Estado así como para luchar por resolver las problemáticas y demandas de la población en cada región pero, sobre todo, siendo conscientes de que no basta con dar luchas defensivas y localizadas sino que es necesario articular todas los procesos de resistencia y conformar un Frente Nacional de Lucha con base en un programa discutido entre los diversos sectores movilizados, que apunte a barrer al conjunto del régimen institucional y a constituir un Gobierno obrero, campesino, indígena y popular.

¡Abajo la Ley de Seguridad Interior!

¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Por la desmilitarización inmediata del territorio nacional!

¡Cancelación de todos los tratados internacionales en materia económica y de seguridad!

¡Liberación de todos los presos políticos y justicia a los compañeros caídos!

¡Por la extensión y articulación de los grupos de autodefensa popular y policías comunitarias en todo el país!

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