Xóchitl Katari

Este año México sufrió más de 3 huracanes, un terremoto de 8.2 grados en las costas de Oaxaca en colindancia con Chiapas, un temblor de 7.1 con epicentro en Morelos y con graves afectaciones en los estados del centro del país, más un sinfín de réplicas. Los resultados 110 mil inmuebles dañados en Oaxaca y Chiapas más 96 muertos, incluyendo a Tabasco en los estados afectados por el sismo del 7 de septiembre. Mientras que el del 19 de septiembre dejó 360 muertos en la CDMX, Morelos, Puebla, Edomex, Guerrero y Oaxaca sumado a miles de inmuebles colapsados.

La corrupción que derrumbó miles de hogares

La fuerza de la naturaleza no se compara con el terrible grado de ineptitud y ambición del gobierno asesino de Peña Nieto en colusión con los partidos del régimen. La magnitud de la catástrofe no fue por causas naturales, sino, principalmente, se debe a razones políticas y sociales que responden a la corrupción de los gobiernos de todos los niveles que otorgaron licencias apócrifas (como el caso de la SEP que avaló al Colegio Rebsamen como un inmueble seguro o, anteriormente, el permiso del IMSS a la Guardería ABC) y que autorizaron la ocupación de inmuebles afectados estructuralmente desde el terremoto de 1985; que siguen permitiendo megaproyectos en una urbe ya sobrepoblada (provocando hacinamiento y la desecación de los mantos acuíferos); que abandonan a las comunidades más pobres en la instalación de infraestructura pública, a la voracidad de las inmobiliarias y transnacionales que violan los reglamentos de construcción y colocan material barato para llevarse más dinero a sus bolsillos provocando accidentes mortales.

La masiva solidaridad del pueblo rebasó la ineficacia gubernamental

Si de por sí, la legitimidad de todo el régimen con Peña a la cabeza ya venía en picada, su ineficacia y lentitud para atender los daños del sismo, el robo de acopio y la represión a los voluntarios terminó enfureciendo a la población: desde los gritos de “¡fuera!” a EPN en Chiapas, de “¡ratero! a Graco Ramírez del PRD en Morelos, hasta echar de las zonas afectadas a Osorio Chong y al delegado de Xochimilco, Avelino Méndez, de MORENA quien ni siquiera quiso emitir la alerta de desastres a días del sismo. A su vez, las instituciones del régimen tuvieron un papel deplorable ante el sismo. No solo actuaron con ineptitud, sino entorpecieron las labores de rescate de los voluntarios o profesionales (los Topos) y trataron de desplazarlos; quienes cumplieron estas vergonzosas funciones fueron, principalmente, personal de Protección Civil y del Ejército, cuya intención fue ocultar la magnitud del desastre y las evidencias de las pésimas construcciones autorizadas por la firma de algún funcionario de Obras Públicas y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Peor aún, los funcionarios y partidos ¡tratan de aprovecharse de la desgracia de los damnificados! como es el caso de la esposa de Graco Ramírez como presidenta del DIF-Morelos que desvió los víveres destinados a los damnificados para guardarlos en sus bodegas y empaquetarlos con sus logotipos seguramente para repartirlos clientelarmente a cambio de votos.

El caso más representativo de la pugna entre el gobierno y los voluntarios y colonos, ejemplo de la lucha de clases en el sismo, fue el de la Textilera de la calle Chimalpopoca en la colonia Obrera. Una fábrica de dueños judíos y surcoreanos instalada dentro de un edificio con orden de demolición por las afectaciones sufridas durante el terremoto del ‘85 que nunca se cumplió, es decir, funcionaba sin las más mínimas condiciones de seguridad para sus trabajadoras quienes recibían sueldos precarizados y, muchas de ellas, sin seguridad social. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX bajo el comando de Patricia Mercado tiene que ser sancionada por permitir estas peligrosas condiciones de trabajo que provocaron la pérdida de, al menos, 22 trabajadoras bajo los escombros (además de las rescatadas que se encuentran en calidad de desaparecidas). Sin embargo, la Secretaría del Trabajo Federal, en vez de proteger a los trabajadores, le permite a las empresas obligarlos a laborar en condiciones de riesgo y despedir injustificadamente a aquellos que temen por su seguridad en sus zonas de trabajo dañadas o que ni siquiera han recibido un dictamen por parte de Protección Civil; como Agrupación de Lucha Socialista (ALS), denunciamos ¡Alto a los despidos injustificados! y ¡exigimos condiciones seguras de trabajo!

En el caso de la Textilera lo que más le importaba al gobierno y empresarios era rescatar la maquinaria, en vez de priorizar el rescate de las trabajadoras a quienes cientos de jóvenes y vecinos acudieron a buscarlas bajo los escombros día y noche. Los gobiernos de EPN y Mancera, en su necedad de terminar con las labores de rescate a los pocos días del siniestro e introducir las máquinas excavadoras, se abrieron paso con el ejército y la policía de la CDMX para desplazar a los voluntarios rescatistas, no sin antes estos últimos mostrar una resistencia para impedirles el paso, resistencia que terminó siendo insuficiente en términos estratégicos y de administración de fuerza que, tal vez, se hubieran fortalecido con organización para formar vallas humanas, guardias y un plantón que se mantuviera con turnos en constante resistencia.

En prácticamente todos los estados afectados por el sismo el gobierno y sus instituciones se vieron totalmente rebasadas por la respuesta masiva e inmediata de la gente solidaria principalmente de los estados del centro y sur del país, quienes realmente se encargaron de esta primer fase de rescate de personas y entrega de víveres a través de la remoción de escombros, demolición de paredes o estructuras a punto de colapso, rescate de pertenencias, acopio, transporte y distribución de víveres, elaboración de alimentos preparados para los damnificados y voluntarios, médicos y enfermeras que atendieron en la calle, construcción de refugios temporales, comunicación de los puntos afectados; en síntesis, como pueblo fuimos capaces de mover y administrar nuestros recursos por nosotros mismos, sin ayuda del gobierno. Si pudimos atender este desastre, ¡el pueblo trabajador dio muestras de la capacidad que tenemos para administrar nuestras propias comunidades y este país! ¡Podemos levantar un gobierno obrero y popular!

¿A quién le corresponde dirigir el plan de reconstrucción?

Con el llamado a la “normalidad” el gobierno logró, en buena parte, bajar el nivel de participación de los jóvenes y trabajadores en las labores de apoyo a los damnificados. Al gobierno federal y locales les urgía iniciar con la fase de reconstrucción y con ello darle paso a los negocios de las constructoras y a las trasnacionales para reactivar su economía sin importarles que entre los escombros removidos aún hubiera cuerpos vivos o muertos lo que enfadó aún más a la gente. Ante ello nos preguntamos, ¿cómo es posible que la reconstrucción se la den a las mismas inmobiliarias y constructoras -con nombres distintos- culpables de este desastre? ¿cómo es posible construir edificaciones seguras con el mismo aparato corrupto de funcionarios en Directores Responsables de Obras, SEDUVI, etc.? Ante estos desastres, el gobierno está pasando de la corrupción a la impunidad. No hay funcionario o empresa sancionada por todas las muertes que ellos provocaron, el mejor ejemplo, es la directora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, a quien el Juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la Ciudad de México, le otorgó un amparo frente a todas las denuncias en su contra. Como ALS, ¡Exigimos cárcel y retiro de licencias a las constructoras responsables y a los funcionarios corruptos que permitieron estas construcciones inseguras!

El Plan de Reconstrucción anunciado por los gobiernos resulta una burla para los damnificados a quienes pretende convertirlos en deudores de su desgracia. El plan gubernamental incluye la ridícula cantidad de 120 mil pesos (un tercio del costo promedio de viviendas de interés social) para la construcción de inmuebles totalmente colapsados, así como, hipotecas administradas tanto por el sector público y privado a pagarse en un periodo de 20 años. Los únicos beneficiarios de este plan serán las constructoras e inmobiliarias, los funcionarios ligados a ellas y las trasnacionales cuyos donativos “caritativos”  en realidad el Gobierno está guardando para la reactivación económica de las zonas afectadas por lo que, más que donativos tienen el carácter de inversiones, además libres de impuestos porque pasarán como “donaciones altruistas”.

El gobierno está tratando de contener el enojo de los damnificados y desincentivar el apoyo independiente de los voluntarios y brigadistas condicionando los apoyos económicos a las familias afectadas que les corresponden por derecho el Fondo de Recursos Naturales (FONDEN). Por ello, es muy importante, que los damnificados y vecinos puedan organizarse en comités populares para exigir al gobierno la completa indemnización de sus hogares, la administración de recursos destinados a la reconstrucción tanto de sus hogares como de los servicios públicos afectados, la organización de cocinas comunitarias y refugios. Necesitamos recuperar la organización popular como la que surgió tras el terremoto del ´85 para enfrentar esta fase que será la más larga y difícil.

¡Por la organización popular para reconstruir las comunidades!

La reacción espontánea de las masas en las labores de apoyo a los damnificados tiene como límite su rápida disolución como hemos visto en las última semanas con la disminución de donación de acopio y de voluntarios. La desorganización que permeó inicialmente junto a la desinformación aún no logran superarse, de tal manera que, incluso, no se han creado referentes amplios que coordinen de una forma más eficiente la inmensa ayuda como sí ocurrió en el terremoto del ´85 con la Coordinadora Única de Damnificados y el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, entre otros.
Desde la ALS consideramos muy necesario recuperar la experiencia del ‘85: generar una Coordinación Nacional dirigida por los damnificados y conformada por comités y asambleas de zona que determine logística y políticamente la reconstrucción de las comunidades, ya se demostró que no se necesita al gobierno para ello. De lo contrario, la carencia de una organización popular independiente conducirá a que los partidos del régimen sean quienes canalicen los esfuerzos anteriores solo para sumar votos para las próximas elecciones de 2018 y desde el poder seguir negociando con las empresas contratos de muerte.

Las dirigencias sindicales democráticas y del movimiento social tienen que ponerse a la vanguardia convocando a un Encuentro Nacional de Apoyo a los Damnificados del cual emerja un Plan de Lucha que exija cárcel a los directivos de las constructoras y a los funcionarios que dieron los contratos; destitución de todos los gobernadores, presidentes municipales y delegados que actuaron de manera negligente; el pago completo para la reconstrucción de los inmuebles y la completa indemnización a las familias, lo cual, es perfectamente viable mediante  la expropiación de inmuebles y terrenos sin habitar; el cobro de impuestos a las trasnacionales por parte del gobierno; la cancelación del pago de la deuda externa y redireccionar el millonario financiamiento de los partidos para las campañas electorales para que ese dinero se destine a los damnificados.

Asimismo, que desde la Coordinación Nacional de Damnificados se conforme una comisión popular encargada de administrar el monto total de las donaciones, nacionales y extranjeras, recibidas por el Gobierno mexicano a raíz de los desastres naturales y se encargue de elaborar un plan popular de reconstrucción desde sus comités y asambleas organizados por los habitantes de la zonas afectadas, a partir del cual se reconstruya totalmente y de forma gratuita las viviendas de las familias afectadas. Finalmente, tiene que quedar claro que mientras sigamos sosteniendo este Gobierno corrupto continuarán habiendo consecuencias devastadoras ante los desastres naturales, por lo que se torna necesario luchar por echar abajo al régimen y sus instituciones para construir un Gobierno de los trabajadores y sectores populares del campo y la ciudad.

¡De la solidaridad a la organización, de la organización a la Revolución!

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