Huelga general en el valle de San Quintín.

Tracio Sánchez

El pasado martes 17 de marzo trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín (Ensenada, Baja California) realizaron un paro laboral que durante dos semanas mantuvo en jaque al gobierno de Peña Nieto. Este hecho nos demuestra como el régimen es incapaz de superar la crisis abierta a partir de la desaparición de los 43 normalistas.

La mayoría de los obreros agrícolas son migrantes de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca que a falta de mayores oportunidades salen de sus comunidades para buscar un mejor porvenir. Son más de 70 mil jornaleros que trabajan en más de 500 haciendas, aunque solo menos de 40 empresas controlan más de la mitad de la producción. 12 mil asalariados cuentan con sindicatos y 8 mil tienen seguridad social. Trabajan 12 horas al día por 110 pesos en las peores condiciones y muchas jornaleras son acosadas sexualmente por los patrones y capataces de las haciendas.

Estos proletarios del campo no son diferentes a todos los explotados y oprimidos del país, ya que todos hemos sido despojados de nuestros recursos naturales, minerales, energéticos y ahora también quieren quitarnos el agua. Con la ayuda del crimen organizado despojan a las comunidades, pueblos y colonias de sus territorios para la construcción de mega proyectos. La mayoría de trabajadores tienen que laborar todo el día por un salario que apenas si alcanza para subsistir, el alza de productos como el huevo y jitomate los obliga a apretarse más el cinturón. Solo un sector “privilegiado” de asalariados cuenta con algún tipo de seguridad social, pero en la mayoría de los casos este es ineficiente e insuficiente. Y por último, los hijos del trabajador que ante la falta de espacios educativos, culturales, deportivos y por ende de un porvenir, son empujados a las las del narcotráfico.

En el Valle de San Quintín dijeron ¡basta!
Sin embargo, la respuesta del proletariado agrícola de San Quintín a tal injusticia y explotación de este régimen del pacto ha sido la resistencia a través de una amplia organización de los distintos sectores que componen esta clase obrera. Primero están los trabajadores nativos y del estado; después los que siguen las temporadas de siembra de los dos lados de la frontera y por último los migrantes indígenas. Aquí se juntan dos procesos desiguales de organización que se combinan para crear un poderoso organismo que permite a los jornaleros movilizarse en defensa de sus intereses de clase. Por un lado están los pueblos originarios (cerca de la mitad de jornaleros provienen de Oaxaca siendo los triquis y mixtecos los más numerosos) que no solo traen usos y costumbres de sus lugares de origen, sino que además su propia estructura organizativa de consulta a través de las asambleas comunales; por el otro que varios integrantes de la vanguardia obrera han vivido la experiencia de los sindicatos agrícolas en el sur de los estados unidos, varios de los manifestantes portaban en sus gorras, banderas o playeras el águila negra, escudo del sindicato fundado por César Chávez, legendario dirigente de origen mexicano.

Esta combinación de dos procesos desiguales permitió que el proletariado agrícola creara en poco tiempo la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social como el órgano de lucha y representación de todos los trabajadores. El 15 de octubre del año pasado la Alianza pretendía entregar sus demandas a los representantes patronales, sindicatos charros y gobierno estatal, sin embargo solo llegaron funcionarios menores a darles “más atole con el dedo” (semanario Zeta, 21 de marzo), el 22 de enero sucedió lo mismo. Solo el 9 de noviembre lograron que el delegado de la secretaria de trabajo federal y el secretario del trabajo del estado recibieran el pliego de demandas sin dar ninguna respuesta. Esto en vez de desanimarlos los motivó para la siguiente etapa de la lucha.

Quisimos mostrarnos y mostrar nuestra fuerza
Así lo resumió el dirigente de la Alianza a una reportera, además agregó: “somos 80 mil trabajadores agrícolas, quienes con nuestro trabajo generamos una gran riqueza en todo el Valle. De uno en uno nos ven débiles, pero ahora saben que somos muy fuertes, porque somos muchos y estamos unidos” (La Jornada, 21 de marzo). Y el martes 18 de marzo estallo la huelga general en todo el Valle de San Quintín, desde las dos de la mañana pequeños grupos de jornaleros comenzaron a levantar barricadas en los accesos a las plantaciones y sobre la carretera transpeninsular para impedir un posible rompimiento del paro por esquiroles de la CTM, conforme amanecía poco a poco empezaron a llegar sus demás compañeros y juntos se dirigieron en marcha hacia los centros de los principales pueblos del Valle de San Quintín.

Desde las diez de la mañana todos los edicios del gobierno del estado fueron bloqueados y tomados de forma pacíca por los jornaleros paristas. Los dirigentes de la Alianza informaron que no se quitarían hasta que se instalara una mesa de diálogo que resolviera el pliego petitorio. Además exigieron que la mesa fuera pública y en el poblado de San Quintín, con la presencia de los secretarios de Gobernación y del Trabajo federal, el delegado del IMSS, la Asociación de Agricultores y el Secretario de Trabajo del estado, así como representantes de la CTM y CROM.

La respuesta de los patrones y gobierno fue la represión, policías estatales y municipales atacaron a los jornaleros que junto a sus familias se mantenían pacíficamente en las distintas poblaciones del valle, ante la agresión el proletariado agrícola de San Quintín se defendió con palos y piedras que se prolongaron durante todo el día. Al mismo tiempo grupos de provocadores y de la CTM comenzaron a vandalizar y saquear. El IFETEL ordenó suspender la señal de la radio de la etnia rarámuri xeqin, la voz del valle. El ejército y la policía federal solo pudieron acceder hasta la noche a San Quintín y Camalú gracias a que la carretera se encontraba bloqueada. Ya con los refuerzos, el secretario de gobierno del estado ordenó, el uso de balas de goma y el desalojo. “A las ocho de la noche policías estatales, federales y elementos del ejército mexicano, usaron armas de fuego, palos, piedras y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que tenían una barricada frente a las instalaciones” (La Jornada, 18 de marzo).

Los enfrentamientos continuaron el miércoles, poco a poco el gobierno fue recuperando las oficinas gubernamentales y para la noche más de 200 obreros agrícolas se encontraban detenidos. En la madrugada las fuerzas represivas comenzaron a liberar los 120 kilómetros de la carretera transpeninsular bajo control de los huelguistas. “Los jornaleros paralizaron la economía desde la madrugada del martes 17 al medio día del jueves 19, tiempo en que permanecieron cerrados los establecimientos comerciales y restaurantes, casi la totalidad de las empresas, desde las instituciones bancarias hasta las tiendas de abarrotes en todos los poblados y ciudades del valle; las gasolineras no dieron servicio; cerraron las oficinas de gobierno y desaparecieron durante gran parte de ese tiempo las autoridades delegacionales; cerraron las escuelas, desde jardines de niño hasta universidades” (La Jornada, 21 de marzo).

Traición de la CTM y CROC
A pesar del repliegue, los asalariados rurales no se doblegaron y continuaron con la huelga, el jueves 19 el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid fue recibido con frialdad y reclamos de pobladores en San Quintín y solo se quedó 30 minutos. Los patrones exigieron al gobierno y líderes charros de los sindicatos llegar a un pronto acuerdo. “en esta lucha participan decenas de miles de jornaleros agrícolas de todas las edades, desde ancianos hasta adolescentes, así como muchas mujeres mestizas e indígenas de varias etnias, en su mayoría mixtecas y triquis, algunas visten largos vestidos rojos y cargan en brazos a sus hijos pequeños” (La Jornada , 21 de marzo).

El viernes 27 una comisión de estudiantes y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en una muestra de solidaridad de clase visitó la zona de valle, y el lunes 30 de marzo 500 integrantes de la Alianza comenzaron una caravana por el estado de Baja California, en todas las ciudades que visitaron (Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali, la propia capital) la caravana fue un éxito. Sin embargo la traición de los sindicatos charros opacó este triunfo, el martes 31 los charros de la CTM y el gobierno anunciaron un aumento salarial del 15% logrando romper la huelga general. La mayoría de jornaleros no estaban a favor, pero ante la falta de orientación política (la mayoría de dirigentes se encontraban en Mexicali) la vanguardia no supo cómo reaccionar, generando confusión en la base que los charros aprovecharon y en los siguientes dos días varias haciendas habían levantado el paro.

La agrupación de lucha socialista se solidariza con el proletariado del Valle de San Quintín, llamamos a todas organizaciones a apoyarlos a través de la coordinación de todos los sectores en lucha. Invitamos a todos los explotados del país a seguir el ejemplo de nuestros hermanos de clase de San Quintín y luchar por los 14 puntos del pliego de demandas.

¡Fuera Francisco Vega de Lamadrid del estado!
¡Cárcel a Francisco Rueda Gómez secretario de gobierno!
¡Por la formación de un sindicato independiente!
¡Que los jornaleros de San Quintín y los familiares de los 43 encabecen un frente nacional de lucha!
¡Viva la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social!

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