Alexis Aguirre

México pasa por uno de sus peores momentos; en los últimos años viene acentuándose la crisis que padece nuestro país desde hace décadas. En el plano económico, los precios del petróleo se encuentran por los suelos, el dólar llegando casi a los 20 pesos, los precios de los productos básicos están por los cielos, el gobierno federal endeudado y haciendo recortes presupuestales en diversos ramos mientras los niveles de desigualdad, violencia y pobreza han alcanzado niveles históricos. La situación socioeconómica del país se agrava y el régimen busca salir a flote cargando los efectos de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador; en puerta están la reforma al IMSS (que busca privatizar el servicio de salud, generando cuotas impagables por diversos tipos de atención), al PENSIONISSSTE (para privatizar las pensiones de los trabajadores del estado así como elevar los montos de cotización y las edades de jubilación) y la Ley de Aguas (para consolidar el proceso de privatización del vital recurso); reformas que ha tenido que aplazar debido a que no han encontrado condiciones sociopolíticas para aprobarlas, pero que le urge acordar
en este año.

También a nivel político se siguen carcomiendo las instituciones del Estado. El gobierno de Peña Nieto no ha logrado cerrar la llaga abierta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sino, al contrario, su credibilidad en la opinión pública se hunde con los hallazgos de los peritos internacionales independientes del caso quienes han desmentido la “verdad histórica” con la cual han pretendido engañar a los padres de los 43 y al resto de la población mexicana, así como encubrir la complicidad de los más altos niveles del gobierno y del ejército que, junto con los sicarios del crimen organizado, perpetraron dicho crimen. Es la impunidad que el Estado garantiza celosamente para sus instituciones y representantes, como la extradición y exculpación de Humberto Moreira -expresidente del PRI y anterior gobernador de Coahuila- que había sido sentenciado por corrupción y lavado de dinero en Madrid; o la prisión domiciliaria concedida Esther Gordillo por “razones de salud”; mientras la vida de José Mireles o Nestora Salgado -y de otros líderes de las Autodefensas y Comunitarios- se deteriora en la cárcel, por organizarse y defender a su pueblo.

La situación que prevalece en distintos estados de la República es una muestra más de la descomposición e ingobernabilidad que se extiende en el país. El motín ocurrido en el penal de Topo Chico en Nuevo León, cuyo saldo dejó a medio centenar de reos muertos, ha desestabilizado el gobierno de “El Bronco”; otro caso han sido las movilizaciones multitudinarias encabezadas por la comunidad de la UAEM en Morelos, exigiendo la revocación de mandato del gobernador Graco Ramírez; igual que ha salido la comunidad de la UAV a protestar, exigiendo más recursos y respeto a su autonomía al gobernador veracruzano, a quien también se le ha demandado su dimisión por desvío de recursos. Ello permite ver la crisis que sufren varios gobiernos estatales por el desfondamiento de sus arcas y el sobreendeudamiento, por la inseguridad desatada por el crimen organizado, así como por la incapacidad y la corrupción imperante en sus administraciones; hechos que en año electoral están siendo utilizados por las diferentes facciones partidistas para golpearse mutuamente y posicionarse de cara a los comicios a realizarse en varias entidades el mes de junio; pero que, asimismo, son producto de la indignación popular contra gobiernos como los de Cué en Oaxaca, Moreno Valle en Puebla, Eruviel en EdoMex, Mancera en DF, por citar los casos más representativos de gestiones (de todos los colores partidarios) marcadas por sus ataques a los derechos y libertades de los trabajadores y del pueblo, con políticas antiobreras y antipopulares, así como medidas represivas contra toda muestra de inconformidad; tal cual es el caso de los periodistas asesinados, activistas torturados y jubilados golpeados por Duarte en Veracruz; los maestros y burócratas despedidos y reprimidos por el gobierno oaxaqueño; los pueblos afectados por el megaproyecto hidroeléctrico impulsado por el gobernador morelense; los centenares de presos políticos y los comuneros violentados por el gobernador poblano; sin olvidar las decenas de mujeres desaparecidas en Ecatepec y otros municipios mexiquenses o las decenas de manifestaciones reprimidas en la Cd. de México y los cientos de trabajadores despedidos de las dependencias de gobierno del Distrito Federal, (como las 60 trabajadoras de intendencia de las prepas del IEMS) pues, tal y como ocurre en la mayor parte del país, con la crisis y los recortes presupuestales, vienen en aumento los despidos masivos y la cancelación de derechos laborales.

Ni la recaptura del Chapo ni la visita del Papa han logrado distraer la conciencia de la gente respecto a los graves problemas que enfrenta el país y la situación insostenible que se vive día a día; al revés, estos dos acontecimientos que el gobierno buscó difundir en todos los medios, más que puntos a favor, constituyeron síntomas de la ilegitimidad que carcome al régimen pues ya nadie se creyó ni mucho menos aplaudió la captura del capo más buscado, sino al contrario, levantó una serie de críticas y dudas respecto a las circunstancias en que ocurrió toda la trama de su escape y reaprehensión. Igualmente, la visita del Papa, más que júbilo, causó molestia y suspicacia entre la ciudadanía por el millonario presupuesto invertido ($36mil por minuto) y la caótica afectación que causó el cierre de avenidas y los cercos desplegados en cada entidad que visitó, lo cual se expresó en un zócalo metropolitano semivacío para recibir al máximo pontíce, cuyos actos públicos estuvieron llenos de diversas expresiones de inconformidad por parte de distintos sectores sociales, desde los padres de los 43 y jóvenes michoacanos que gritaron consignas exigiendo la presentación con vida de los normalistas, hasta grupos feministas y madres de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Cd. Juárez, Chihuahua y otras entidades de la república, quienes pintaron cruces a lo largo del recorrido papal y realizaron acciones de protesta por la situación de violencia e impunidad que predomina en México.

Todo ello pone en serios aprietos al actual gobierno de Peña Nieto para implementar a cabalidad las contrarreformas estructurales que prometió a los inversionistas nacionales y extranjeros, medidas que afectan profundamente las condiciones de vida de la población, provocando gran malestar y descontento entre diversos sectores obreros y populares que se han visto orillados a organizarse y luchar para defender sus derechos más básicos (salud, empleo, educación, seguridad social, etc.) que ven amenazados. Tal es el caso de los obreros en diversos ramos productivos y los trabajadores de diversas dependencias gubernamentales que, a lo largo del país, están organizándose y protestando con paros, marchas, bloqueos, mítines –hasta una candidatura obrera en la frontera norte- contra los despidos, los bajos salarios y la inestabilidad en el empleo, saliendo a luchar en exigencia de su recontratación, basicación y sindicalización independiente y democrática de los organismos corporativos como la CTM, CROC, CROM, etc. El magisterio es otro sector que lleva protagonizando uno de los movimientos más duraderos e importantes en su historia de lucha, logrando poner de rodillas a la SEP, con su férrea oposición a la Reforma Educativa cuyo pilar son las evaluaciones, mismas que el magisterio logró vencer en las primeras rondas, obligando al gobierno a aplazar las faltantes, mostrando que a Peña no le va a alcanzar el sexenio para evaluar a más de 1 millón de maestros, como había prometido. Otro caso son los fenómenos de las autodefensas, policías comunitarias e, incluso, los vecinos en zonas urbanas que se han organizado para garantizar su seguridad; procesos que, a pesar de que el gobierno golpeó duramente a sus principales referentes en Michoacán y Guerrero –encarcelando a sus líderes-se siguen extendiendo molecularmente a lo largo del territorio nacional para defenderse de la delincuencia organizada.

Lo anterior nos muestra un creciente proceso de derechización del régimen que a nivel de partidos se expresa con los reacomodos que están haciendo las distintas fuerzas políticas para hacerse de votos en la próxima contienda electoral: AMLO “perdonando” ex priistas acusados de corrupción y arropándolos en MORENA; el PRD formando coaliciones con el PAN para lanzar candidaturas conjuntas en diversos estados -pues ambos partidos no ven cómo salir de su crisis interna; el PT haciendo lo propio de la mano con el PRI para mantener su registro. Pero, de igual forma, da a relucir la debilidad en que se encuentra el régimen pues, por un lado, no ha logrado retomar completamente la iniciativa para apuntalar su plan de reformas sino, al contrario, se desgarra por las pugnas entre facciones políticas y económicas burguesas que, incluso, han repercutido en la crisis interna que padece el duopolio Televisa-TVAzteca y, por otro, se le abren nuevos frentes a los cuales se ve imposibilitado de golpear simultáneamente; por ello, la serie de iniciativas represivas (como la Ley de suspensión de garantías, la “Ley Beltrones” para censurar publicaciones por internet o el Mando Policial Único) que pretenden criminalizar la protesta social, exaltando aún más el rechazo popular.

En esas circunstancias, es un momento propicio para reorganizar las fuerzas, re-articular la movilización popular y conformar espacios donde puedan converger las distintas luchas y resistencias que surgen a lo largo y ancho del país. Como Agrupación de Lucha Socialista saludamos los esfuerzos que en ese sentido se vienen impulsado, como el Encuentro Nacional por la Indignación convocado por los padres de los 43 el 5 y 6 de febrero, o los llamados de la CNTE por generar las condiciones para un Paro Nacional. En esa misma dirección, sostenemos la necesidad de unicar las distintas luchas obreras –San Quintín, Lexmark, CNTE, etc.- para convocar a un Encuentro de Trabajadores, Despedidos y Precarizados que aglutine todos los procesos de organización y movilización independiente, en vías a construir un Programa y un Plan Nacional de Lucha para echar abajo a Peña, sus contrarreformas y al conjunto del régimen y sus instituciones.LS921.png